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La militarización de las aduanas

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

 

Este 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial por el que se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con participación preferencial de las Fuerzas Armadas e independiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que las gestionaba hasta ahora. El titular del Poder Ejecutivo justificó su decisión al sostener que las aduanas siempre han sido “codiciadas por corrupción” y que su administración “va a ir limpiando” la operación. El antecedente inmediato a esta decisión es la toma de control de los puertos el año pasado, aunque desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018 han aumentado las tareas de las Fuerzas Armadas, que se encargan de la seguridad pública, de la logística de las vacunas anticovid, de la protección de oleoductos de Pemex, de la construcción de obras emblemáticas (como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya) y la edificación de sucursales del Banco Público del Bienestar.

Ahora bien, sobre el tema particular de las aduanas, el Presidente no ha propuesto nada nuevo. Sólo oficializó lo que en la práctica ya sucedía y lo ha edulcorado con su discurso contra la corrupción. Los antecedentes están ahí: 1.- El 7 de marzo de 2008, en pleno gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se firmaron las Bases de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de Marina (Semar) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para conocer las características y patrones del fenómeno delictivo en las aduanas de México. Las instituciones se comprometieron a consolidar una efectiva seguridad en las operaciones relativas al comercio exterior, incluyendo el tráfico marítimo. El objetivo era buscar el cumplimiento del Estado de derecho y salvaguardar la Seguridad Nacional, apoyándose en información e inteligencia. 2.- Casi un año más tarde, en enero de 2009, se suscribieron las Directivas para las Operaciones de Apoyo a las aduanas marítimas suscrita entre la Semar y la Administración General de Aduanas (AGA). Su propósito principal era controlar y vigilar la entrada y salida de mercancías, medios de transporte y personas del recinto fiscal, fiscalizando y, a la vez, defender a la nación con actividades de seguridad pública, cumpliendo el orden jurídico, garantizando el tránsito fluido de mercancías en el comercio internacional. 3.- Finalmente, el 9 de abril de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional para proporcionar los Servicios de Seguridad a las Garitas, Aduanas y Puentes Internacionales entre el SAT y la Sedena, para que esta segunda institución brindará el apoyo para servicios de seguridad en las instalaciones aduaneras.

No es algo sencillo o trivial realizar la limpieza profunda de las aduanas. Algunas acciones podrían ser: a) Eliminar las redes de corrupción construidas; b) Limitar y vigilar los accesos a personas ajenas a los recintos aduanales; c) Controlar y determinar, mediante la revisión de cada embarque y empresa, si los productos declarados son iguales a los productos transportados. Sin embargo, el debate es más amplio: México tiene graves y crecientes problemas de inseguridad, violencia y corrupción que es urgente atender y revertir. Pero ¿es el papel de las Fuerzas Armadas suplir a las instituciones civiles? Sustraer del control civil y del régimen de transparencia y responsabilidades a las aduanas —y depositarlas bajo el control del Ejército y la Marina— sólo aumentará la oportunidad de corrupción de sus miembros y terminará por afectar el desarrollo de otras actividades de las que depende nuestra economía, como lo es el comercio exterior. Si el problema, en palabras del Presidente, es la corrupción de las aduanas, habría que decirle que hay probadas experiencias de buenas prácticas que tienen su base en el fortalecimiento de las instituciones civiles, el combate a la impunidad, la implementación de medidas técnicas y tecnológicas para reducir el contrabando y la regulación de los mercados para evitar el tráfico ilegal de drogas. Seguir haciendo lo que ya se ha hecho, es simplemente un craso error.

 

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