La auditoría de la controversia

Varias veces hemos escrito en este espacio que las funciones más importantes de la Cámara de Diputados se encuentran establecidas en el artículo 74 constitucional. Una de ellas es el control y revisión del gasto público que se realiza mediante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Existe una comisión ex profeso para que dicho órgano realice la revisión de las cuentas de los gobiernos en sus diferentes niveles (municipal, si recibe recurso públicos estatales y federales). El titular de la auditoría es nombrado por la Cámara de Diputados y cumple con un papel fundamental en el cierre del círculo virtuoso que debería ejercer ésta. Me refiero al asunto de aprobar el presupuesto y vigilar el uso de los recursos que se asignan a cada programa.

En esta semana surgió una controversia por el informe que entregó la ASF, porque, a decir del Presidente, él tenía otros datos. Lamentablemente, el titular de la Auditoría respondió rápidamente que el Presidente tenía razón. Esto generó una crisis que desembocó en la petición de que renunciara el auditor. Diversos legisladores opinaron a favor y en contra. Ante estas circunstancias vale la pena señalar algunos puntos. En primer lugar, el informe era preliminar, así lo informó la presidenta de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, el auditor no es empleado del Presidente, sino que responde a la Cámara de Diputados. En tercer lugar, no todo el informe es erróneo. Respecto al primer punto hay que rescatar que los legisladores deberían haber revisado el informe que se les envió. Si la Comisión de Vigilancia, que es la comisión responsable de la ASF, tiene una conformación con mayoría de Morena, recibió el informe primero que los medios de comunicación, ¿por qué no se dieron cuenta de los supuestos errores? En el punto dos, quiero resaltar el hecho de que los diputados no hayan salido a defender a su auditor y, lo más lamentable, que el auditor no haya esperado los tiempos para rendir cuentas ante quien debe hacerlo en lugar de aceptar lo que el Presidente le ha señalado. Y en el tercer punto, hay que poner atención al fondo del informe.

Los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del gobierno presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad y acumulan irregularidades en el gasto de más de mil 500 millones de pesos en tan sólo el primer año de la nueva administración. Por ejemplo, Fonatur lanzó el megaproyecto sin realizar antes estudios para determinar la “factibilidad social” del Tren Maya, por lo que no se hizo un diagnóstico que pudiera prever los posibles efectos y riesgos sociales que pueden ocasionar la construcción y operación del tren. Por otra parte, la refinería Dos Bocas realizó la Manifestación de Impacto Ambiental hasta después de arrancar las obras. Sembrando Vida es uno de los programas sociales emblema de este gobierno. Su objetivo, según la propia secretaría, es “atender la pobreza rural y la degradación ambiental” mediante proyectos agroforestales. La ASF explica que no se acredita la entrega de apoyos económicos en efectivo a 61,602 beneficiarios por un valor de 338 millones de pesos. En el caso del programa de Servidores de la Nación, el señalamiento es parecido. Se carece de documentación que compruebe el pago de 321 millones de pesos en 2019.

Podríamos abundar más sobre las observaciones a otras entidades responsables de gasto público como, por ejemplo, algunos gobiernos estatales, aprovechando la descalificación del Presidente, alzaron la voz para sumarse. Ante estas circunstancias debemos reflexionar sobre el informe: ¿descalificarlo es para esconder tras una cortina de humo el fondo de otras observaciones que evidencian que hay opacidad y probable corrupción en el ejercicio del gasto público?