Guardia CIVIL Nacional

Pero, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, decidió que se tenía que crear un cuerpo especial militarizado como centro de su estrategia de seguridad. Esto se explica en parte, por lo que debe significar para el titular del Poder Ejecutivo, enfrentar una terrible realidad que no habíamos vivido en los últimos 20 años, es decir, el incremento de la violencia en niveles tan altos como los de sus pocos días de gobierno: Los homicidios dolosos en México sumaron en enero de este año dos mil 452 carpetas de investigación, con lo que se convirtió en el primer mes más violento en los últimos cuatro años, si se compara con enero de 2018, con dos mil 171 asesinatos dolosos; enero de 2017, con mil 912; enero de 2016, mil 420 y enero de 2015, con mil 289, esto de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Después de álgidos debates, no sólo entre legisladores, sino entre integrantes de la sociedad civil, académicos y miembros de colectivos de defensa de los derechos humanos, el Senado ha aprobado una Guardia Nacional, pero no como el Presidente la quería, sino una Guardia CIVIL Nacional. La versión final del dictamen tiene un profundo significado para la democracia mexicana, aunque ése no haya sido el objetivo principal. Se impuso el equilibrio de poder entre el Legislativo y el Presidente, tal y como debe ser un sistema como el que hemos luchado por construir durante tantos años, no sólo con reformas formales, sino con la manifestación en las calles mediante los movimientos sociales, políticos y hasta armados, por ejemplo, 1968, 1985, 1988 y 1994.

La minuta signada por todas las fracciones parlamentarias del Senado no debe verse como una batalla entre dos Poderes de la nación, pero sí debe dimensionarse su impacto. Ningún Presidente, por muy poderoso y popular que sea, debe llevar al retroceso de la construcción de las instituciones que permitan consolidar un régimen democrático en donde prevalezca la libertad de disentir, pero, sobre todo, la sujeción prioritaria al Estado de derecho. En ese contexto, es muy positivo que los acuerdos alcanzados, especifiquen no sólo una guardia con mando civil, sino también que las investigaciones se realizarán bajo el mando del Ministerio Público. También, por supuesto, es muy significativo que se especifique un plazo de cinco años para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

Sin embargo, aquí no termina este debate, porque los cambios constitucionales tendrán que ir acompañados de la construcción de un marco legal en donde queden claros algunos puntos nodales de este tema: En primer lugar, la forma en que el cuerpo policiaco evitará la repetición de violaciones de derechos humanos que le han sido señaladas a las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, tienen que quedar claros los mecanismos de control político. Se tendrán protocolos de actuación, pero de momento esa discusión queda para la Ley Orgánica. Sin duda, habrá que poner atención a este aspecto, así como a la rendición de cuentas indispensables para inhibir la comisión de abusos y deslindar jurídicamente las responsabilidades. De la misma forma, no está claro cuán delimitado será el uso de la fuerza. El hecho de hablar de una fuerza que tendrá “disciplina militar” abre la puerta a la duda: se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar. Finalmente, algo fundamental es que quede clara la coordinación entre los diferentes niveles de poder, así como la forma en que se construirá el modelo de información y datos estatales y municipales.

Los primeros meses de este nuevo gobierno han confirmado que la legitimidad de un Presidente no basta para pacificar al país, las buenas intenciones tienen que acompañarse del imperio de la fuerza y la ley, de una estrategia integral y, sobre todo, de la construcción de acuerdos con todos los actores reales de poder. En los sexenios pasados, quedó demostrado que el uso de la fuerza en la seguridad pública exacerba la violencia, no la contiene, pero la lección en estos días ha sido que, mientras debatimos, el crimen organizado y desorganizado ha encontrado el terreno fértil para crecer.

Maestra en derecho constitucional por la UNAM

ruthzavaletas@hotmail.com