El uso político de la justicia

El 23 de diciembre del año pasado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República creó una “comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violación al Estado de derecho en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Este acuerdo se produjo después de la detención de Juan Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, por el presunto delito de homicidio doloso de René Tovar (candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera). Cabe mencionar que el propio líder de la bancada morenista, el senador Ricardo Monreal, afirmó que esta detención es injusta y se suma a otros hechos de terror y persecución en el estado de Veracruz que, desde el 2018, es gobernada por el también morenista Cuitláhuac García.

El uso de las instituciones de procuración de justicia en contra de opositores al gobierno fue una práctica muy socorrida del viejo régimen político que encabezaba un Presidente de la República omnipotente, que ejercía funciones por encima de la Constitución. Pero con la llegada de la alternancia presidencial en el 2000, el poder del Presidente se hizo difuso y varias de esas funciones “metaconstitucionales” las pescaron los gobernadores. Por ejemplo, imponer o vetar candidatos a sucederlo o a competir para las diputaciones federales o locales o presidencias municipales. Incluso, para decidir sobre las candidaturas al Senado (y no sólo de su partido). Esta práctica autoritaria que corrompe la legitimidad de la representación política, se origina porque el poder lo ejercen actores que no creen en los principios de la democracia y que, bajo ese contexto, actúan para superar los obstáculos que les impida su autoritarismo. Entre los grandes obstáculos para el autócrata están las instituciones de contrapeso (otros poderes, órganos autónomos, universidades, organizaciones civiles y medios de comunicación) y también, otros actores que pueden ser una amenaza para sus planes (opositores políticos). De esta forma, entre más autoritario es un gobernante, mayor violencia y persecución política ejercerá en contra de quienes le estorben. Lamentablemente, estas viejas prácticas, que impactan al Estado de derecho, no han quedado enterradas y reaparecieron de forma contundente mediante denuncias y procesos judiciales que involucran a instituciones y personajes de distintos partidos políticos. El caso más emblemático a nivel federal en estos días, es la denuncia del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio González Luna, ante la Fiscalía General de la República en contra de 6 consejeros del INE. Aun cuando el diputado dice que ya se desistió, esta denuncia se persigue de oficio, por lo que la perversa acción puede derivar en un Juicio político en contra de los consejeros toda vez que la procedencia del juicio político se declara en la propia cámara que preside el diputado denunciante y en donde la mayoría absoluta es de los morenistas y los aliados de Andrés Manuel López Obrador, quien, paradójicamente, fue víctima del mismo procedimiento cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El caso de Juan Manuel del Río Virgen en Veracruz fue la gota que derramó el vaso, porque la persecución política ya la habían denunciado otros actores afectados, por ejemplo, Yoli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, detenida el 26 de marzo del 2020. Por si fuera poco, en el pasado proceso electoral esa entidad registró el nivel más alto de asesinatos políticos en todo el país (Juan Pablo Aguirre Quezada, Asesinatos políticos en el proceso electoral de 2021).

Lamentablemente, en México, las comisiones especiales de investigación, por una omisión del Poder legislativo, no son vinculatorias como sí lo son en la mayoría de regímenes democráticos, por lo que el propio gobernador Cuitláhuac García ha minimizado la creación de esta comisión presidida por el líder de la bancada de MC, el senador Dante Delgado. No obstante, es políticamente demoledor que el Senado investigue y evidencie la forma autoritaria de ejercer el poder de un gobernador.