El PND: ¿del Presidente o de Hacienda?

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha sido la piedra angular de cualquier gobierno que pretenda demostrar que fue eficaz durante su mandato. Pero para la actual administración no sólo representa la guía de las acciones que pretende realizar para alcanzar objetivos y metas para impulsar el desarrollo social y económico del país, sino también significa algo más o, por lo menos, así lo hizo ver el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al decir que ése fue uno de los motivos de discrepancia con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. En su momento, fue desconcertante que se hubieran entregado dos proyectos a la Cámara de Diputados. Uno muy mal hecho que no cumplía con los requisitos de redacción y de contenido establecidos en la norma jurídica y otro que estaba mejor fundamentado y contenía diversos anexos que daban cuenta de las propuestas hechas por diversos sectores consultados previamente, según lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Planeación.

Después de electo el nuevo Presidente de la República, el PND debe ser entregado antes de concluir el mes de febrero por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y si en dos meses no tiene observaciones, se tendrá por aprobado tal y como fue recibido. El PND 2019-2024 es el primero que se sujeta a esta nueva normatividad, toda vez que así se estableció en la reforma constitucional del artículo 26 y 74 en el 2014 y la Ley de Planeación reformada en 2018. Quizás por esta razón, hubo confusión no sólo en la entrega (dos planes), sino también en la forma que la Cámara de Diputados organizó su aparente discusión y aprobación.

En primer lugar, la Cámara de Diputados estableció un mecanismo de parlamento abierto para que los sectores y especialistas o interesados hicieran propuestas con base en el documento, pero, según el artículo 21 de la Ley de Planeación, lo que los diputados tenían que revisar es que el documento incluya los fines del proyecto nacional que marca la Constitución. Aquí está el primer problema, porque el Presidente dice que quiere demostrar que es diferente a los anteriores y que tiene su propio proyecto de Nación (el de la cuarta), sin embargo, la ley es muy precisa. Además, no está por demás observar que las reformas constitucionales realizadas en los últimos 12 años han transformado la Carta Magna en la más garantista de todas las que se han promulgado a lo largo de nuestra historia como Estado Nación.

En segundo lugar, al PND, a pesar de ser sexenal, debe contener consideraciones y proyección a 20 años, es decir, sus objetivos deben ser a largo plazo y, por si fuera poco, debe cumplir lo establecido en los tratados internacionales y las leyes federales. Es decir, los legisladores deberían haber observado que las políticas públicas y programas cumplan con la garantía de los derechos de los ciudadanos, muy especialmente la progresividad de los derechos humanos (por ejemplo, los legisladores no debieron permitir la desaparición de estancias infantiles).

En tercer lugar (quizás lo más relevante porque es facultad exclusiva de los diputados), el PND debe contener las previsiones sobre los recursos asignados para cumplir con los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades de desarrollo integral, equitativo e incluyente bajo las características que marca el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación (diagnósticos, ejes generales, objetivos específicos, estrategias de ejecución, etc.). 

Si el PND no cumplía con estos tres puntos, debió regresarse al Poder Ejecutivo y darle oportunidad de realizar una nueva redacción, sin embargo, antes de concluir el mes de junio, la Cámara de Diputados dio por hecho que el PND sí incluía los fines del Proyecto Nacional de la Constitución. La pregunta que cabe hacer es: ¿Cuál PND? La respuesta la sabremos cuando sea publicado en la Gaceta Oficial (el plazo para hacerlo es de 20 días). Lamentablemente, lo que sí es cierto es que la consulta de parlamento abierto sólo fue un teatro porque el documento no tendrá cambios y, por otra parte, los diputados renunciaron a ejercer una nueva facultad que resulta fundamental para mantener el control y contrapeso al Poder Ejecutivo que, por cierto, desde mi punto de vista, no debe ser de confrontación como el sexenio foxista, sino de contrapeso cooperativo, pero sin sometimiento.

                Twitter: @Zavaleta_Ruth