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Combate al robo de gasolina ¿cortina de humo?

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

Sin embargo, un delito es un delito y afecta el Estado de derecho, crea corrupción, debilita las instituciones, causa pérdidas diversas, directas e indirectas, crea organizaciones delictivas y, algo muy importante, daña la imagen y credibilidad del país ante inversionistas nacionales y extranjeros.

Por estas razones, nadie está en desacuerdo en que el robo de hidrocarburos tiene que combatirse, pero las acciones emprendidas por el Gobierno Federal a principios de este año para enfrentar el robo de gasolina parecen ser improvisadas y sin planeación, además, causan suspicacias políticas.

En primer lugar, coincidimos en que la estrategia general para el combate al robo de hidrocarburos es responsabilidad del Ejecutivo Federal, por tratarse de un delito de ese orden, por ser delincuencia organizada y por ser una empresa del Gobierno Federal la afectada y la responsable de la distribución de hidrocarburos en el país, sin embargo, es a nivel estatal y municipal donde ocurre la mayoría de actos de corrupción que necesitan los ladrones de combustible para poder operar tranquilamente. Incluso, en algunos estados, especialmente en Puebla, se sabe que los huachicoleros no sólo sobornan a algunas autoridades, sino también a poblaciones enteras, mediante regalos del Día de las Madres, por ejemplo; además de los regalos que reciben, los ciudadanos pueden comprar gasolina a mitad de precio.

Hay poblados donde podría decirse que un gran porcentaje de personas son cómplices y centinelas de los huachicoleros. Esto hace sumamente difícil para las fuerzas del orden actuar en esas poblaciones (en algún momento, los medios de comunicación han dado cuenta de las confrontaciones en algunas comunidades).

Ante esta problemática, cabe preguntamos ¿por qué el Gobierno Federal no se coordinó con los gobernadores de los estados en donde implementó las acciones para lograr mayor eficiencia y eficacia y, además, respetar la relación federalista que el Presidente dice defender desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México? Por otra parte, ¿Por qué decidió comenzar con los estados que son gobernados por sus adversarios políticos, como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, si esos no son los lugares de mayor robo de gasolina? Lamentablemente, en las conferencias mañaneras, hay un constante y perverso juego de palabras cuando se declara que las autoridades locales están involucradas con el robo de la gasolina, pero, apegado a derecho, ¿no sería lo más justo levantar denuncias y juzgar a quien o quienes están involucrados?

La estrategia contra el robo de hidrocarburos tiene que ser más amplia que sólo el cierre de ductos. Se requiere de atacar los puntos de venta, además que los de suministro. Se requiere castigar y no otorgar el perdón a diestra y siniestra, no importa si el delincuente es de arriba o de abajo, restablecer el Estado de derecho implica que todos nos apegamos y respetamos la norma.

Por último, no coincido con quienes piensan que el desabasto de gasolina en algunos estados de la República haya sido planeada como una cortina de humo para avanzar de forma sigilosa en otros asuntos nacionales, pero, qué bien le han salido las cosas al presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto porque, mientras la gran mayoría de ciudadanos están preocupados porque no le afecte la falta de gasolina, ya empezaron a entregarse las becas para los jóvenes que aparentemente no trabajan ni estudian.

La noticia podría ser muy buena, pero en este tema también hay suspicacias, ya que no hay transparencia en la conformación de los padrones de jóvenes con esas características.

Se rumoró, primero, que por medio de Morena se estaban inscribiendo los aspirantes a becas, posteriormente se supo que eran los delegados estatales. Ante la duda, otra vez cabe la misma pregunta de corte federalista: Si la entrega de becas no es parte de una vulgar estrategia electoral o manipulación clientelar, ¿por qué no se incluyó a los gobiernos estatales o municipales para conformar los padrones o, incluso, al propio Inegi, que cuenta con las estadísticas y datos confiables?

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