1824 y la división de los Poderes

Hace apenas tres décadas que los mexicanos veíamos con normalidad que el Presidente de la República fuera un hombre fuerte, sin nadie que se le plantara enfrente para contradecirlo. A esa omnipotencia, el doctor Jorge Carpizo la señaló como “Poder metaconstitucional”. Desde la presidencia del Tata Cárdenas, esa forma de gobernar se fortaleció. Pocos entendíamos que esa forma de actuar era inconstitucional. Porque, precisamente, el corporativismo hizo que los mexicanos olvidáramos o hiciéramos poco caso de los principios constitucionales que dieron vida al Estado mexicano hace 200 años: el federalismo y la división y equilibrio de Poderes.

Durante el largo periodo del partido hegemónico, los presidentes de la República que emanaron del PRI decidieron quiénes conformaban el Poder Legislativo y con ello, el Poder Judicial. Muchos suspiros le ha de producir al presidente Andrés Manuel López Obrador recordar esos tiempos, si no, de qué otra forma podemos explicarnos el cotidiano embate al Poder Judicial de parte de él y de sus legisladores. Sin embargo, el Estado mexicano se construyó sobre la base de esos principios que hoy el populista Presidente y Morena desprecian.

Hace casi dos siglos, el 7 de noviembre de 1823, en sesión solemne se instaló el Congreso constituyente que discutió el Acta Constitucional que aseguraba el sistema federal de los Estados Unidos Mexicanos. Presidió la comisión de Constitución Miguel Ramos Arizpe. Finalizado el debate, el 24 de enero de 1824, fue aprobado el proyecto como Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y, posteriormente, el primer día de abril de ese mismo año inició la discusión del proyecto que sería promulgado con el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (Tena Ramírez, Felipe, 2005).

Con la discusión del Acta Constitucional se conjuraron las intenciones separatistas de algunas provincias y se blindó el pacto federal de unidad, pero, además, la Constitución de 1824 declaró que la mexicana era una nación libre e independiente y consagró la división de Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) como un principio fundamental para evitar la tiranía del ejercicio del poder político. Formalmente, este objetivo fue ratificado en las posteriores constituciones, aunque no siempre se tuvo éxito, por una u otra razón, la efectividad de la separación de Poder tuvo sus grandes altibajos, incluso cuando fue presidente Benito Juárez.

No obstante, la lucha contra el autoritarismo siguió siendo el detonante para realizar reformas constitucionales para fortalecer el principio de separación y equilibrio de poder. Es de esta forma que, a partir de la alternancia presidencial en el 2000, los mexicanos comenzamos a ver con normalidad que el Poder Legislativo actuara como un poder de contrapeso al Ejecutivo, por ejemplo, recordemos las confrontaciones del expresidente Vicente Fox con el Poder legislativo; la más visible, quizás, fue la relacionada con el presupuesto en 2005 o las del expresidente Enrique Peña Nieto cuando presentó reformas que no fueron aprobadas o que fueron modificadas casi en su totalidad.

Si esto es así, por qué hoy no se ve con normalidad que el Poder Judicial actúe como un poder de contrapeso frente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Por qué el Presidente y sus legisladores atacan a las y los ministros cuando éstos cumplen con su tarea de proteger la Constitución y sus principios. ¿Acaso el objetivo es retroceder hacia un modelo autoritario que los mexicanos no aceptamos ni siquiera hace 200 años? Ante los embates hacia el Poder Judicial, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos?, ¿callarnos o protestar como lo hicimos cuando atacaron al INE? ¿Qué principios constitucionales siguen vigentes y cuáles no?, ¿quién y cómo decide qué modelo de régimen político es el mejor para los mexicanos?

Estas son, quizás, algunas preguntas que vamos a debatir en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1824. Para hacerlo así, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, instaló esta semana un comité de organización integrado por destacados personajes de la vida académica y del quehacer público del país, entre los que se encuentran exministros, diplomáticos, senadores y diputados de diferentes partidos.