Plan de vacunas, a prueba de juicios

Y no porque los jueces que emitan sentencias en este sentido, como el juez federal Martín Santos Pérez, no tengan la razón, sino porque la historia muy reciente de los casos que se han promovido en contra de las principales acciones y reformas de esta administración, hasta el momento, no han prosperado, porque, literalmente todos, curiosamente, avanzan a paso de tortuga.

En otras palabras, cualquier intento de cambiar las políticas o medidas emprendidas por el gobierno del presidente López Obrador tardará tanto que, para cuando los juicios se resuelvan en definitiva (unos dos años), la aplicación de las vacunas ya habrá terminado y, esperemos, la pandemia ya habrá pasado.

De tal forma que durante este tiempo es previsible que las autoridades sanitarias, locales y federales, atiendan sólo algunas resoluciones de jueces en el sentido de aplicar la vacuna a un grupo reducido de personas que tramiten juicios de amparo —acorde a su situación y gravedad de su salud—, en lo que dan respuesta y alargan los litigios.

En estos meses, integrantes de la sociedad civil han logrado que los juzgados y tribunales federales otorguen medidas para que durante esta pandemia se dote de medicamentos a pacientes con enfermedades como el cáncer; se le proporcione equipo de seguridad a personal de salud y para que no se nieguen las licencias por lactancia materna.

Pero, hasta el momento, ninguna sentencia ha cambiado el curso de las acciones clave de este gobierno en materia de salud. Y la vacunación no parece ser la excepción.

En este contexto, era previsible que se promovieran juicios de amparo contra el esquema de vacunación. Lo novedoso fue lo que resolvió el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Santos Pérez, quien, al otorgar una suspensión —que puede ser impugnada—, advirtiera que la estrategia de vacunación no está acorde con las medidas adoptadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero en especial que en su resolución estableciera “que de manera simplista se definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa, únicamente a los trabajadores de la salud y la edad de la población mexicana, pasando por alto que, de conformidad con el documento internacional de referencia, se debe dar prioridad, además de los trabajadores de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica (como lo son personas con enfermedades crónicas); lo cual es fundamental para reducir la morbilidad severa y la mortalidad asociada a covid-19, protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo”.

Hay dos frentes que les toca combatir al Ejército y a la Marina. En uno de ellos, en la atención de pacientes en sus hospitales, la realidad ya los rebasó. Pero su apoyo ha sido crucial para despresurizar hospitales federales y locales. El otro frente es el de mayor relevancia. Se trata de la distribución de las vacunas. Y el plan que presentó ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, luce bien. Pero habrá que ver si no se descompone todo en la parte final, cuando los llamados “servidores de la nación” se hagan cargo de las “brigadas correcaminos” que aplicarán las vacunas..