La guerra de reformas

La guerra de Reforma en México o de los tres años fue uno de los conflictos ideológico y bélicos entre conservadores y liberales. Así se dio la lucha por el poder político en México durante el siglo XIX.

Los liberales pugnaron, entre otros apéndices, por la libertad de enseñanza y de cultos, la disolución de los fueros militares y eclesiásticos y la abolición de la esclavitud. Fueron temas torales de esencia progresista, plasmados en nuestra Constitución de 1857 (la reforma); cuestiones que los conservadores del país rechazaban constantemente, pues verían perdidos sus privilegios personales y de grupo, nunca hubo una visión de Estado o de beneficio colectivo de su parte.

Los conservadores crearon en el Palacio Arzobispal el llamado Plan de Tacubaya. Se refería a la abrogación de la recién publicada Constitución de 1857. La Iglesia católica amenazó con la excomunión para aquellos que apoyaran tales reformas.

La intención de la reforma era eliminar la enorme desigualdad social que ejercían las clases dominantes y ponderar la creación de actividades económicas y laborales.

Benito Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue hecho prisionero, ya que era uno de los precursores de la gran reforma. México se desquebrajaba en dos enormes facciones, los que estaban a favor del Plan de Tacubaya y los que estaban a favor de la Constitución de 1857.

El presidente Comonfort fue desconocido en su cargo, ante su ausencia, legalmente Benito Juárez asumiría la Presidencia de la República por ministerio de ley (conforme a la Constitución de 1824).

El gobierno de Estados Unidos reconoció el gobierno de Benito Juárez. Situación que fue decisiva para continuar con las intenciones de hacer cumplir nuestra Constitución de 1857.

En resumen, el primer día de 1861 los liberales entraron triunfales a la capital, Juárez convocó a elecciones.

En los años en que los conservadores administraron las finanzas de México lo llevaron a una situación precaria, situación que hizo a Juárez, una vez siendo Presidente electo, tomar diversas medidas radicales para fomentar la economía a través de la comercialización de bienes, entre ellos de la Iglesia.

En este proceso electoral de 2018 hemos observado que los candidatos a la Presidencia de la República han hecho referencias a las reformas estructurales que modificaron nuestra Constitución en este sexenio, primordialmente la energética y la educativa. Aunque uno de ellos y sus huestes votaron a su favor siendo diputados.

En el caso de la primera, se trata en realidad de una contrarreforma, ya que, en síntesis, modifica el artículo 27 constitucional, que previamente otorgaba el monopolio al Estado mexicano sobre los bienes naturales en materia energética, primordialmente en relación a la industria petrolera. El costo político y económico de la expropiación del presidente Cárdenas fue brutal, pero con un fin digno y de Estado.

Décadas después, esa expropiación sólo sirvió para el despilfarro, corrupción y el quiebre financiero de Pemex. El futuro es incierto, los contratos a particulares para los diversos servicios en la materia tendrán que ser auditados para evitar que esa tendencia reformista no sirva sólo para enriquecer a unos cuantos y empobrecer a la mayoría.

La Reforma Educativa debe revisarse a fondo, los distintos escenarios tan plurales de nuestra geografía social y económica no pueden homogeneizarse, no se deben banalizar desde la visión sólo del magisterio o del beneficio cupular, los grandes beneficiarios deben ser, prioritariamente, los estudiantes.

Pareciere que nos encontramos enfrentados de nuevo entre conservadores y liberales, aunque las ideologías hoy están confusas o inexistentes.

Lo que sí hay son dos bandos. Los que desean mantener el statu quo y sus privilegios y negocios a la sombra del poder y en contra del pueblo, y los que quieren reformar de fondo el régimen para eliminar la corrupción política y delictuosa que hoy son la causa de la desgracia nacional.