Juicio a expresidentes, consulta popular contra la impunidad

Para promover una consulta popular hay 3 posibilidades: 1) Ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 1) El Presidente de la República; 2) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

Conforme al procedimiento legal, la consulta popular del juicio contra los expresidentes de México inició con la presentación del aviso ante la Cámara de Senadores el pasado 26 de agosto de 2020. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara emitió la constancia de la presentación del aviso de intención y el formato para la obtención de firmas y, con ello, el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo.

Se entregaron a la Cámara de Senadores más de 2 millones 500 mil firmas con todos los requisitos que señala la norma para ser remitidos al Instituto Nacional Electoral. Se requería al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir,  un millón 800 mil 727 firmas.

El 1 de octubre del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la constitucionalidad de la consulta popular y estableció, previo debate público, que se realizará el próximo 1 de agosto de 2021, bajo la tutela del INE, conforme a la siguiente pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

La intención inédita de celebrar este acto de democracia participativa obedece a uno de los reclamos más sentidos de la población contra los gobiernos de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, es decir, la imperante impunidad respecto a los errores en la toma de decisiones de Estado que sumieron a la población mexicana, llevando los índices de inseguridad, pobreza, corrupción y crisis económicas y morales más altas del mundo.

Los motivos para consultar a la población sobre el juicio a expresidentes se resumen, entre otros, de Salinas, la privatización amañada de bienes públicos; de Zedillo, convertir deudas privadas en públicas; de Fox, la entrega ilícita de concesiones públicas y corrupción; de Calderón, la fallida estrategia de seguridad que provocó la muerte de más de 250 mil personas y corrupción, esta última conducta también atribuida a Peña.

Una vez concluida la consulta popular, evidentemente se tendrán que establecer los mecanismos procedimentales para analizar la tipología penal o administrativa en la que algunos expresidentes puedan estar sujetos a juicio, ya que la prescripción o ausencia de probanzas pueden dar pie al triunfo de la impunidad institucional; sin embargo, la memoria popular e histórica ya los juzgó desde hace décadas como culpables, hoy ya son responsables de manera irrevocable.