Fin a la industria de la extorsión

El delito por antonomasia que más se comete en el país –pero que poco se denuncia, por ser el que encabeza el mayor índice de impunidad– es precisamente la extorsión.
El Código Penal Federal señala que la extorsión es:
“Aquel que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”; así como sus correlativos de cada entidad federativa.

En el vulgo delincuencial, no es otra cosa más que el “derecho de piso”. Ese derecho ilícito que cobran los grupos asociados de delincuencia para permitir el uso y disfrute de otros derechos (como el del trabajo, tránsito y otros más) que bajo la amenaza de la afectación a la integridad física –pudiendo llegar al homicidio– se confunden con la amenaza.

Existe en nuestro país una elevada tasa de lesiones y homicidios que pueden ligarse al conocido “derecho de piso”.

En analogía –y toda proporción guardada– todavía algunos “líderes” de ciertos grupos sociales realizan una conducta similar. Una forma de chantaje ilegal e injusto con todos los elementos típicos de la extorsión.
Estas personas sin argumentación técnica, social, política o de índole económica, solicitan a cambio de permitir realizar una actividad consuetudinaria y lícita (como es el trabajo, el derecho a estudiar o a la salud) impiden el cumplimiento de un deber, con la vieja costumbre de resolver a cambio de dádivas,  
delitos contemplados en el título décimo del Código Penal Federal, es decir, hechos de corrupción que hoy ya son considerados de prisión preventiva oficiosa.

La enorme resistencia al cambio, sin duda, hace complicada la práctica de esa nefasta costumbre de muchos de estos seudolíderes, quienes convirtieron su liderazgo en auténticas instancias de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, corrupción y, por supuesto, de delincuencia organizada.
Seguramente piensan que teniendo el respaldo de legisladores o de personas de la política son automáticamente inmunes, pero eso se acabó.

Ahora, se tiene una Fiscalía General autónoma (y otras tantas) que pueden hacer uso de sus facultades sin presión alguna del poder político.
En algún momento se deberán separar las auténticas expresiones de derecho a la libre expresión, de las argucias con fines delictuosos. Esto con la finalidad de enviar un mensaje a la sociedad mexicana: la represión se acabó también desde el gobierno, pero hoy (más que nunca) la lucha contra la impunidad es un objetivo prioritario.

Si hoy se ha visto a personajes supuestamente inmunes a la justicia mexicana caer, aquellos que no tienen esa calidad deben estar atentos de no cometer delitos, a no difamar, no calumniar, no extorsionar y a convertirse en personas éticas. Aunque esta última palabra les cueste trabajo integrar a su vocabulario y hagan de esto el fin de su industria de la extorsión. Ojalá que se integre al catálogo de delitos “graves”, ya que es un tóxico social.