Salarios de realidad aumentada

A explotar la ingenuidad y bestialidad de la sociedad, eso es lo que deben creer los diseñadores de las líneas discursivas utilizadas con la bandera anticorrupción en las campañas electorales.

Una línea de sangre se espera que escurra por la boca de quienes en sus discursos hablan de la corrupción, sus lenguas son quizá de un tejido antimordidas. Algunos de los políticos que pretenden gobernar México tienen un pasado y presente inundados de acusaciones de corrupción, donde ellos y sus familiares, directa o indirectamente, son protagonistas; resultan ser propietarios de multimillonarios inmuebles, vidas dignas de potentados industriales o exitosos empresarios, cuando sólo han sido servidores públicos.

Una fortuna bien habida no se construye en diez años y menos aun con juventud, las sumas de los salarios públicos no alcanzan más que para comprar a crédito inmuebles de interés social o de modesto presupuesto.

Las matemáticas no fallan. Sumemos retroactivamente los últimos diez años de salarios e ingresos reales de los que hoy aspiran a gobernar y legislar en el municipio, la alcaldía, la entidad federativa y al país, restemos lo que “declaran” tener y lo que ostentan como patrimonio propio: los vehículos que utilizan, los viajes que efectúan, los gastos de su familia. Veremos, sin ninguna sorpresa, que los resultados NO COINCIDEN con la forma de vida de muchos de ellos, salvo contadas y honestas excepciones.

Las declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos no tienen un cruce oficioso con los registros públicos de la propiedad ni con los análogos vehiculares; aunque es una obligación legal exponer dicha información, esta no es confiable, no por los órganos internos de control que las reciben, sino por la inexactitud en la veracidad de las mismas de quienes las presentan.

Los recursos que perciben por actos ilícitos algunos servidores públicos y la adquisición de bienes muebles e inmuebles adquiridos con esos activos, comúnmente son escriturados o facturados a nombre de prestanombres, empresas, fundaciones o asociaciones que jamás podrían comprar legalmente con recursos propios.

Hemos escuchado declaraciones cínicas e ignorantes, donde se afirma que para cometer conductas corruptas sólo es con recursos públicos; el enriquecimiento y el uso de recursos de procedencia ilícita no establece ese principio. Los miles de millones de pesos y moneda extranjera que, se sabe, transitan en efectivo de particulares, también es delictivo. Lo hemos visto con políticos deshonestos que hoy venden una careta como de tierna oveja, abajo está un lobo hambriento de poder y dinero. Hagamos memoria.

Hoy resulta que tenemos que comparar los escándalos de corrupción entre unos y otros, quienes son los que tienen la peor nota, el mayor escarnio o los peores amigos. En realidad, a muchos se les ha señalado, pero hay quienes son impresentables y no pasan la prueba del ácido, su vida pública está fincada en arena movediza, por más que pretenden defenderse, se hunden más.

En México ganará mayores espacios de representación popular y el liderazgo nacional quien cuente con las mejores cartas de presentación y éstas no son académicas, no necesitamos a un motivador, tratadista o políglota, sino alguien en quien se pueda confiar.

Triunfará quien no haya pretendido enriquecerse en su vida a costa de un cargo público. Todos aquellos que quieran gobernar deben pasar la gran prueba de desnudar su patrimonio real, el del día a día, no el que se aparenta tener. El pretexto de la seguridad para omitir información es válido para quienes no desean participar; los servidores públicos deben sujetarse al escrutinio de la sociedad, si no, que no participen.

Suscribir un manifiesto para exponer públicamente su peculio sería una muestra de buena voluntad, pero más aún, establecer el compromiso de hacerlo incluso diez años después de dejar el cargo. Veremos entonces si esos salarios siguen siendo matemáticos o de realidad aumentada.

                *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM