Presupuesto: ¿austeridad o corrupción?

Es importante aclarar una confusión conceptual. A pesar de que el gobierno federal dice que ejerce una política presupuestal de “austeridad republicana”, no es así.
Ha presentado el presupuesto más grande en la historia de México. Lo que sí practica es la reasignación de recursos, que es algo totalmente diferente.

La reasignación de recursos presupuestales se hace en función de los objetivos políticos del gobierno en funciones. La masiva reasignación de recursos públicos hacia programas sociales deliberadamente diseñados para evadir la rendición de cuentas es una nueva forma de corrupción con dineros públicos.

Varias organizaciones de la sociedad civil -México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Consejo de México Unido contra la Delincuencia- exigieron a la Cámara de Diputados cumplir con lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional que mandata al gobierno ejercer los recursos presupuestales públicos de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada.

En carta abierta, estas organizaciones señalan que “pedimos que los programas de transferencias y subsidios que recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020 se encuentren obligados a contar con Reglas de Operación (ROP).

“Lamentablemente, el proyecto de presupuesto que ha llegado a la Cámara para su aprobación propone gastar 64% (402 mil millones de pesos) de presupuesto en programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con dichas reglas”. Más adelante piden que “todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a ROP”.  

¿Cuál es el problema de tener programas sin Reglas de Operación? Aparte de que sin reglas es imposible evaluar la eficacia de los programas en comento, se abre un boquete para la corrupción, debido al manejo discrecional y personalizado de los recursos públicos. Además, y esto es lo más grave, se abre la puerta al uso
político-partidista para la compra masiva de voluntades y votos. 

En conclusión, el presupuesto de 2020 está construyéndose para sentar las bases para la contienda electoral de 2021. Y con ello el uso masivo, irregular e ilegal de recursos públicos para beneficio del partido oficial. 

Se confirma que el partido que llegó al poder, por primera vez ha decidido recurrir a las más corruptas metodologías de control social y político para afianzarse en el poder.

No hay una gota de austeridad en el presupuesto. Hay corrupción.