CDMX: ¿planeación urbana o control político?

Cuando asumió el gobierno de la Ciudad de México, congeló gran parte de las obras de la construcción. La idea, se decía, era frenar la corrupción galopante que dejó la administración de Miguel Ángel Mancera.  El impacto fue brutal: provocó una paralización de la actividad económica de la ciudad y arrojó a miles de trabajadores al desempleo. Algunos vaticinaban que impactó en uno por ciento el Producto Interno Bruto de México.

Por ello, sorprendió el anuncio repentino de que el gobierno local autorizaba el inicio de nueve megaproyectos urbanos en el mismo número de zonas de la ciudad, sin estudios, proyectos específicos ni acompañados de un marco jurídico normativo. Claro, este es el sello de la casa: hacer proyectos “intuitivos” y negociados con las fuentes de inversión, sin necesidad de la participación de opiniones técnicas o ciudadanas. Las oportunidades del mercado son las que marcan la ruta a seguir.

El anuncio se hizo incluyendo la exigencia de construir vivienda de interés social. Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo con el Bando Dos, que marcó el inicio del boom inmobiliario en la CDMX, al igual que Ebrard con la Norma 26. Sin embargo, en su gestión, continuada por Mancera, solo 5% fueron vivienda de interés social y el restante 95% de interés medio y alto. La gentrificación que promovieron los tres gobernantes, cuyo concepto continúa el gobierno de Sheinbaum, se debe al incremento en el valor del suelo capitalino, que hace prácticamente incosteable construir vivienda de interés social en la CDMX.

Para dirigir el nuevo boom inmobiliario, se propone crear un Instituto de Planeación cuyas funciones y operación dependerá directamente de la jefatura de gobierno, dotándole de facultades para definir cambios de usos de suelo, límites de altura en las construcciones, gestión de agua, movilidad, medio ambiente, vivienda y la asignación de sus respectivas partidas presupuestales. Se elimina la participación ciudadana e, incluso, la participación del Congreso local.

De aprobarse la ley, el Congreso local abdicará en sus facultades legales de legislar y normar el desarrollo urbano de la ciudad. Implica convertir la planeación urbana en patrimonio personal de la máxima autoridad de la ciudad. Esto contraviene la tendencia mundial a democratizar la planeación urbana.

Este modelo de gobernabilidad que la 4T le propone a la CDMX representa la imposición antidemocrática del mando centralista que no oye opiniones contrarias y promoverá, inevitablemente, más corrupción.