Cambiar la estrategia de seguridad

Aún están a tiempo los legisladores morenistas de recapacitar sobre su Ley de Seguridad Interior. Existe, desde hace tiempo, una alternativa seria y factible a su opción por la militarización del combate al crimen organizado. El hecho de que hayan optado por lo que es, a todas luces, la peor ruta en esta materia es indicativo de un pensamiento que confía en las estrategias autoritarias sin reparar en sus consecuencias políticas y sociales de largo plazo.

No dudo que los altos mandos castrenses le convencieron al Presidente que la enfermedad de la inseguridad era de tal magnitud que el remedio tenía que adquirir proporciones históricas. Este convencimiento me sugiere que los militares supieron leerle la mente a López Obrador: quería algo grande y potente, de proporciones épicas y, ¿por qué no?, de carácter militar para enfrentar a la criminalidad en México. Si el Presidente ha leído el libro de Guillermo Valdés Castellanos, La historia del narcotráfico en México, sabrá que gran parte de los mandos militares y funcionarios públicos encargados de la seguridad, secretarios de Gobernación incluidos, han estado comprometidos con la política de “represión-negociación” con el narcotráfico desde principios del Siglo XX. Como parte de esa política han aceptado, también, ser socios eficaces de las agencias de inteligencia y seguridad estadunidenses, DEA, FBI y CIA incluidos. La militarización del combate al narcotráfico implica aceptar estas condicionantes.

Pero hay un elemento adicional. La legalización de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico significa aceptar que la violencia va a crecer exponencialmente en todo el país. Porque ese es el mensaje que el presidente López Obrador ofreció a los mandos militares el día siguiente a su toma de posesión: “quítense los guantes, que esto va con todo, sin límites”.

¿Cuál es la alternativa? Crear una policía nacional, encargada legalmente de la seguridad pública hasta el último municipio del país. Desaparecer policías municipales y estatales. Crear un mando policiaco centralizado, con un aparato de inteligencia propio, distinto al Cisen, encargado de perfilar los fenómenos que atentan contra la seguridad pública. Paralelamente, fortalecer el sistema de justicia para que responda con agilidad a los reclamos de justicia de los ciudadanos agredido por múltiples fenómenos de criminalidad, desde el borracho de la esquina hasta el jefe del cártel más poderoso, pasando por actos de violencia sexual hacia mujeres y niños. Todo eso es tarea de una policía nacional, no del Ejército o la Marina.

La Policía Federal actual no es una policía nacional. Responde a pedidos de los estados o municipios cuando son requeridos. No tienen cuarteles en los estados. Se hospedan en hoteles. No puede actuar por oficio, sino por solicitud. Es una fuerza legalmente disminuida, porque los estados y municipios no han querido ceder su podercito armado local. La modificación constitucional debiera cambiar esta situación, autorizando la creación de la policía nacional, no militarizando el mando sobre la débil policía actualmente existente.

El reto es crear una fuerza policiaca nacional capaz de enfrentar los retos de la seguridad pública, no las Fuerzas Armadas ni la policía federal disminuida. Por supuesto que habrá un periodo de transición, y la ley puede contemplar ese hecho, pero de ninguna manera debe militarizar las tareas de seguridad pública hacia el infinito, que es la oferta que hoy nos hace López Obrador.