Abrazos de complicidad: seguridad en disimulo

El año pasado el presidente Trump le advirtió al presidente López Obrador que Estados Unidos estaba preparado para declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y, bajo ese pretexto, enviar tropas estadunidenses a nuestro territorio para emprender su combate. México cedió a la presión y permitió que la Armada de México volviera a participar en la lucha contra el narcotráfico. López Obrador había excluido a la armada en ese combate debido a exigencias del Ejército, pues considera que los marinos son un cuerpo aliado de Estados Unidos. En contra, Estados Unidos considera al Ejército mexicano como demasiado comprometido con los cárteles y corrompido como para ser confiable en el desarrollo de operativos contra los criminales.

Este año el presidente Trump volvió a criticar a México por la situación de seguridad. Señaló en un documento oficial que han habido algunas señales de progreso en el combate a los cárteles, pero exigió que el gobierno mexicano “hiciera más”. Agregó Trump que “estos cárteles representan una amenaza a México y a la capacidad del gobierno mexicano de controlar a zonas enteras del país”. Más adelante remató: “México debe demostrar su compromiso para desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos”. ¿Cuál es el fondo de la discusión entre Estados Unidos y México en materia de seguridad? Tanto la CIA como la DEA saben de los vínculos históricos entre el Estado mexicano y los cárteles del narcotráfico. El reciente documental El Último Narco señala a los gobiernos de Echeverría con su cuñado, De La Madrid vía Manuel Bartlett, y Salinas a través de su hermano Raúl, como gobiernos que pactaron políticas de seguridad y entrega de dinero en sus negociaciones con el narcotráfico. Y, sobre todo, servían a los intereses de Estados Unidos en Centroamérica contra los movimientos revolucionarios en la región.

Estructuras de poder en Estados Unidos y México se beneficiaban de la relación con el narcotráfico, y también les servía su supuesto “combate” como instrumento de propaganda.

La política de seguridad del gobierno actual es una combinación de la estrategia de cercanía discreta, pero muy operativa practicada por el gobierno de De la Madrid con la modalidad de un discurso millennial de “abrazos, no balazos” para encubrir sus acuerdos.  En términos de la política del Estado mexicano ante el narcotráfico, nada ha cambiado desde el asesinato del agente de la DEA Camarena en 1985, que involucró a cárteles, autoridades mexicanas y estadunidenses en redes de corrupción y complicidades políticas. La política de seguridad hoy se basa en los mismos principios de los años ochenta de disimulo, hipocresía y gran corrupción.

Y la violencia y control territorial del narcotráfico crece y crece.