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Otra vez, privacidad y datos clínicos…

Raymundo Canales de la Fuente

Raymundo Canales de la Fuente

 

Prácticamente, todos los médicos que ejercemos alguna especialidad que implique otorgar consulta nos vemos en la necesidad, cada día con más frecuencia, de llenar una serie de formatos diseñados exprofeso por las empresas de aseguramiento en salud.

En mi caso, las mujeres embarazadas que se acercan al momento del parto me lo piden con frecuencia, en vista de que el seguro les exige ese informe médico, sin el cual no les pagará los gastos derivados del evento obstétrico. Los formatos incluyen datos básicos de la historia clínica, antecedentes de enfermedades, así como la evolución presente de la paciente.

Ahora, a partir de la ley de datos personales, el formato también incluye un apartado para que el médico autorice el libre acceso por parte de las empresas de seguros a todos los datos de expedientes médicos, actuales o pasados, respecto de la paciente.

Es francamente escandaloso, debido a que la titular de los derechos de la información contenida en todos esos documentos es la paciente, no el médico. Prácticamente, nos están obligando a contravenir la ley. Yo no puedo ni debo otorgar permisos para que una empresa, cualquiera que ésta sea, acceda libremente a información personal de una tercera persona; pero estamos en el país en el que nunca pasa nada.

La autoridad sanitaria brilla por su ausencia, me parece que ni les interesa. No hay quien vigile a estas empresas depredadoras que están abusando en todos los sentidos, porque, además, estas acciones las llevan a cabo en un momento muy delicado, cuando el paciente va a ser intervenido o tratado en un hospital y requiere de todos estos trámites para que sea liquidada la cuenta hospitalaria, de tal forma que la premura y la incertidumbre respecto del pago provoquen que el paciente firme y autorice todo lo que le pongan enfrente, además de presionar al grupo médico para que hagamos lo mismo.

A todas luces es una práctica desleal y abusiva. Esas autorizaciones se las deberían solicitar a las personas cuando están adquiriendo la póliza de seguro, advirtiendo lo que implica; no cuando las personas se encuentran ante la enfermedad o justo antes del parto.

Las mal llamadas “administradoras de salud”, que más bien son vividores de la enfermedad, están peor. Obligan al grupo médico a utilizar sus “expedientes electrónicos” con los que se apropian de forma ilegítima de toda la información clínica de las personas, respecto de las cuales están obligados contractualmente.

No me quiero ni imaginar qué van a hacer todos estos actores empresariales cuando la sociedad cuente con información genética de manera más cotidiana….

Hoy, seguramente, se estarán frotando las manos, esperando el preciado momento; frente a una autoridad omisa, incapaz, y que ahora nos enteramos, por boca del propio secretario Narro, plagada de corrupción.

Nadie en el Estado mexicano moderno ha tomado en serio la defensa de la información médica de las personas; las leyes, reformas y normas, ahí están, pero no existen mecanismos para vigilar su cumplimiento. Un gobierno ausente de la vida de las personas es un buen resumen de la administración que termina, ojalá que López Obrador defina un cambio.

 

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