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¿Plan (expropie) C?

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

Tocará a Grupo México y, en específico, a su filial Ferrosur decidir si emprende acciones legales contra la “ocupación temporal” por parte del gobierno federal de tres de sus líneas de tren en el sur de Veracruz —anunciada el viernes mediante decreto en el Diario Oficial— y hasta dónde llevarlas.

En ese caso, será materia del Poder Judicial resolver sobre la legalidad de la acción, que la empresa consideró “sorpresiva e inusitada”. De tratarse de una expropiación —cosa que negó el sábado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López—, la autoridad deberá proceder a liquidar a la empresa. Asimismo, estará obligada —desde la perspectiva de la comunicación, cuando menos— a justificar el interés público que entraña la medida y por qué no era viable una alternativa para atender la evidente urgencia que tiene para concluir sus obras emblemáticas, en los 500 días que le quedan a la administración, entre las cuales está el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Fue una manera de ahorrarse el pago de derecho de vía en ese proyecto?

Dicho lo anterior, las imágenes de elementos de la Marina, fuertemente armados, en las instalaciones de Ferrosur no son la mejor manera de invitar a los inversionistas nacionales y extranjeros a aprovechar las facilidades que, ha dicho el gobierno, se brindarán para que pongan su dinero en los polígonos industriales —formalmente, Polos de Desarrollo para el Bienestar— en esa región de los estados de Oaxaca y Veracruz.

Lo he escrito aquí anteriormente, pero vale la pena repetirlo: el proceso de relocalización de cadenas de valor —conocido como nearshoring— a que dio lugar el enfrentamiento comercial de Estados Unidos y China, así como las condiciones económicas generadas por la pandemia, puede ser un gran detonante del desarrollo de México, pues hay muy pocos países con las condiciones que tiene el nuestro para aprovecharlo. Se espera que, de su mano, entren decenas de miles de millones de dólares en nuevas inversiones y que eso propicie una aceleración de nuestras exportaciones y la consiguiente elevación de los niveles de vida en México a través de la creación de empleos.

Pero ese escenario no se conseguirá de manera automática. México aún tiene que hacer la tarea y crear las condiciones necesarias para que lleguen las inversiones. Entre otras, la formación de los cuadros que requerirán las empresas al instalarse en México, la dotación de energía y agua suficiente y constante para que funcionen las plantas, así como la certeza jurídica. Esta última tiene dos vertientes: por un lado, la seguridad de que las operaciones industriales no serán interrumpidas por invasiones de tierras, bloqueos de vías de comunicación o reclamos legales por parte de ayuntamientos. Por otra, que se respetarán los contratos que firmen los inversionistas con las autoridades, es decir, que éstos no sean alterados por consideraciones políticas supervinientes.

Hay que entender que, aunque México puede ser visto como la primera opción para invertir, en el contexto del nearshoring, hay otras que compiten. Incluso, Estados Unidos, a donde, por ejemplo, decidió irse una empresa de vidrio plano —de la que le he contado aquí— luego que nadie le asegurara que iba a tener energía eléctrica para la planta que buscaba instalarse en Mexicali.

No suena lógico que mientras el norte de Veracruz se sacude por la violencia criminal y los políticos oficialistas del estado acarrean gente a la Ciudad de México para sitiar la Suprema Corte, una unidad de la Armada irrumpa en las instalaciones de una empresa ferroviaria en el sur del mismo estado. No debe faltar quien, desde el extranjero, lea que México tiene mal colocadas sus prioridades y esté pensado que quizá no sea el mejor momento o el lugar para meter su dinero.

Sobre todo después de que, acá en nuestro país, el Consejo Coordinador Empresarial, que ha apostado por una relación constructiva con el gobierno, advirtiera, en un comunicado, que lo sucedido el viernes provoca “inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades”.

 

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