Escudriñar la historia (II)

Un día le pregunté a El Tom de Analco qué había pasado con el compañero Pacholo”, me relató Jesús Morales Hernández, exmiembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en una entrevista en 2002.

“Me respondió riendo: ‘Él y su esposa están viendo crecer los rábanos’”.

Alberto Ramírez Flores, Pacholo, y su esposa María Constancia Caraballo, La Cony, habían estado en Colima, visitando a la familia de ella, a finales de noviembre de 1973. En los primeros días de diciembre, un policía tocó a la puerta de la casa de la madre de Constancia para decirle que el auto de su hija había aparecido en Los Mochis, con impactos de bala.

Descendiente de republicanos españoles y tataranieta del exprimer ministro Antonio Maura, Constancia desapareció sin dejar huella, lo mismo que Alberto, su esposo. Ambos se habían conocido siendo estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Ella de filosofía y letras. Él, de ciencias químicas. Por medio del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), ambos ingresaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En una entrevista en febrero de 2002, su hermana Concepción me relató que Constancia fue llamada así por su abuela, Constancia de la Mora (1906-1950), aristócrata española que se unió a la causa de la República luego de casarse en segundas nupcias con Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana. También fue gran amiga del poeta chileno Pablo Neruda, quien asistió a su entierro en Cuernavaca, lugar donde ella se exiliaría después del triunfo de los falangistas. Durante la Guerra Civil, Constancia envió a la Unión Soviética a su hija (la madre de Concepción y Constancia), a quien mandó traer una vez que recibió el asilo. Ella se casó con un agricultor veracruzano y al cabo de unos años la familia se mudó a Colima.

—¿Qué pasó con tu hermana? –pregunté a Concepción, después de publicar la entrevista con Morales Hernández.

—Ella y Alberto se casan en agosto de 1973 y desaparecen en noviembre o diciembre de ese año. No volvimos a saber nada, aunque habíamos escuchado las versiones de que fue ajusticiada por la Liga.

Pacholo y La Cony, como eran conocidos en la organización guerrillera, tuvieron a su cargo la custodia de Anthony Duncan Williams, el cónsul honorario del Reino Unido, plagiado por la Liga el 10 de octubre de 1973, en un doble secuestro que incluyó al empresario Fernando Aranguren.

Como relaté ayer en este espacio, el gobierno de Luis Echeverría se negó a negociar con los secuestradores –que pedían la liberación de 51 presos políticos y un rescate de 200 mil dólares– y eso llevó a la organización a decidir la ejecución de los rehenes. Aranguren fue asesinado la madrugada del 16 de octubre, mientras se desarrollaba una cacería policiaca por aire y tierra en Guadalajara. Sin embargo, Duncan Williams fue liberado antes por sus captores.

De acuerdo con la versión de Morales Hernández, el guerrillero Tomás Lizárraga Tirado –quien participó en el comando que secuestró al cónsul en su casa de la colonia tapatía Jardines del Bosque– supo de la desaparición de Alberto y Constancia o participó en ella. Apodado El Tom de Analco y de talante sanguinario, el sinaloense Lizárraga murió en un enfrentamiento con la policía en el Bosque de la Primavera, el 2 de marzo de 1977, cuando se había separado de la Liga y estaba formando su propia guerrilla. Por su expresión “están viendo crecer los rábanos”, se puede inferir que fueron asesinados.

“A El Tom le habían ordenado que los eliminara”, afirmó Morales Hernández, apodado El Momia en la Liga. “Ellos tenían la orden de matar al cónsul y no la cumplieron. Eso les costó la vida”, agregó el también exmiembro del FER.

“Ella sí estuvo involucrada en los hechos que usted relata (el secuestro de Duncan Williams)”, me dijo la hermana de Constancia. “Su desaparición golpeó muy duro a mi familia. Mi madre murió poco después. La familia de Alberto se acabó toda”.

Para ser completa, cualquier revisión que haga del pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, debiera incluir –además de los actos de represión atribuidos a los órganos de seguridad del gobierno mexicano– las desapariciones y asesinatos de los que se responsabiliza a la guerrilla.