Sobre los recursos humanos

Por Ricardo Alexander M.*

Desde la campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador hizo muchas promesas que rompían con lo tradicional en materia de gobierno y de la función pública, dentro de las que se incluía lograr ahorros sustanciales al bajar salarios porque estos trabajadores ganaban “sueldos de hasta 600 mil pesos” al mes, y “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, e incluso hacerlos laborar los fines de semana, mostrando desde el inicio cierta hostilidad para el sector.

En las últimas semanas hemos visto cómo se está materializando este tema con la llegada de la nueva administración federal y su programa de austeridad. En muchas dependencias se han anunciado grandes recortes de personal, no sólo de plazas eventuales y honorarios, sino de confianza. Tan sólo hace un par de días, la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma, anunció que despediría al 30% de su plantilla laboral, sin revelar el número real de personas afectadas por la medida.

En los primeros días de enero, el ISSSTE, dirigido por Luis Antonio Ramírez Pineda, en un momento en el que sus clínicas y hospitales van a recibir a miles de empleados federales y a sus familias, que antes contaban con seguro médico privado, tras sólo cuatro semanas en funciones y sin llevar a cabo un análisis profundo sobre los posibles impactos, decidió despedir a 3,000 empleados de confianza de nivel central, dejando a 3,000 familias sin un sustento, bajo el argumento de cumplir con el plan de austeridad del gobierno.

También, en vísperas de Navidad, cientos de trabajadores del SAT en todo el país fueron notificados de la terminación de su relación laboral. Y así en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en muchas otras instituciones públicas.

Aunado a los recortes, miles de funcionarios, con mucha experiencia en sus cargos, a los que, en la mayoría de los casos, llegaron con base en esfuerzo y trabajo, están siendo reemplazados por personas cuyo mérito recae en ser afines al partido gobernante, como ha circulado que está ocurriendo en PEMEX o el IMSS, instituciones torales para el país y cuyos servicios están viéndose afectados por estos cambios realizados sin planeación y estrategia.

Sorpresivamente, los hechos muestran que existe muy poca preocupación social al respecto, e incluso aceptación, por lo que está ocurriendo con los recursos humanos de estas instituciones públicas. Sin embargo, hay varios aspectos sobre los que vale la pena reflexionar. El primero, es que llama la atención el tipo de sociedad que somos, que aplaude que una persona se quede sin trabajo de forma injustificada, y más cuando en muchos casos, son nuestros familiares, amigos o vecinos los que están siendo afectados.

Por otro lado, no es claro cómo se generan eficiencias despidiendo a una persona que hace bien su trabajo para sustituirlo con alguien nuevo, y vale la pena preguntarnos si estamos convencidos de que queremos a gente sin experiencia en sectores estratégicos, manejando temas sensibles que nos impactan a todos, desde el abasto de gasolina hasta la calidad en los servicios de salud.

Y tercero, aun cuando debería ser el propio gobierno quien pusiera el ejemplo en materia de legalidad, estos despidos injustificados no se están llevando a cabo de acuerdo con lo que establece la legislación laboral, lo que en el mediano plazo generará pérdidas millonarias al estado por las indemnizaciones que se tendrán que pagar por parte de la administración del presidente López Obrador.

No obstante, se entiende y se acepta que en cualquier democracia, quien llega al poder, puede y debe tener a su equipo de confianza, con quien se siente cómodo y confía de su capacidad para cumplir instrucciones, no es razonable que se busque eliminar todos los conocimientos adquiridos por décadas de experiencia institucional, y más si eso implica dejar a miles de familias de mexicanos sin sustento. Medidas como las que hoy se están llevando a cabo no sólo juegan en contra del éxito del gobierno entrante, sino que son profundamente injustas e inhumanas.

*Maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

Twitter: @ralexandermp