Soberanía energética

Por Azul Etcheverry

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la industria eléctrica nacional, con la intención de consolidad el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a competidores nacionales e internacionales que ya generan este tipo de energía en el país.

No es ninguna novedad que la actual administración priorice proyectos de nación específicos, como lo es la generación y distribución de energía eléctrica por parte del Estado. Lo preocupante es que estas medidas proteccionistas contravienen no sólo el aspecto comercial y libre mercado, que se fomentó a partir de la reforma energética en el sexenio pasado, sino que también atenta contra los intereses económicos, familiares y ecológicos que debieran ser prioritarios en esta discusión.

Las modificaciones realizadas en dicha reforma dieron pie a que competidores locales y extranjeros invirtieran en la producción eléctrica renovable nacional, al punto en el que hoy se estima que la capacidad de producción renovable en México oscila los 15 mil megawatts y está en un proceso de desarrollo la posibilidad de producir 30 mil adicionales.

• Lo anterior se traduce en la inversión en este sector productivo de alrededor de 26 mil millones de dólares en los últimos años, de los cuales aproximadamente 9 mil millones se obtienen de la energía fotovoltaica y los otros 17 mil en energía eólica. Dichas inversiones van de la mano con los avances tecnológicos actuales que han permitido obtener energías más limpias a menores costos.

La realidad es que la propuesta enviada desde el Ejecutivo a la Cámara baja, que pretende justamente priorizar las plantas eléctricas de la CFE para el suministro del sistema eléctrico, no sólo relegaría la inversión de las industrias de energías renovables, sino que además cancelaría los permisos de autoabasto eléctrico, así como la obligación de la CFE a comprar luz de dichas empresas, aunque ésta sea más eficiente, limpia y barata.

Y es que la diferencia en el costo megawatt-hora entre la electricidad obtenida de particulares renovables y la generada por el Estado puede ser hasta dos veces menor. Esto se traduciría en tarifas o subsidios más altos, en detrimento de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo.

Como era de esperarse, esta iniciativa también ha causado impacto a nivel internacional, en particular al tratarse de las inversiones que se tienen establecidas en el país. La Cámara de Comercio de los EU advirtió, ya que la medida que se pretende tomar contravendría directamente los compromisos adquiridos por México en el T-MEC, lo que consecuentemente se traduciría en acciones jurídicas en tribunales.

Lo peor es que este organismo considera que esta acción tomada por el Presidente es una más de las decisiones dentro de un patrón que ha socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en México, ante un panorama por demás desfavorable para las aspiraciones de recuperación económica en un escenario poscovid-19.

Más allá del impacto económico que generaría esta decisión, debemos considerar las consecuencias que tendría sobre el medio ambiente y, consecuentemente, la salud de los mexicanos. Se vuelve a poner sobre la mesa la añeja discusión acerca la soberanía nacional por sobre la economía y el medio ambiente, cuando en realidad se tendría que tratar de un esfuerzo combinado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En espera de lo que se discuta en el Congreso…