Reforma eléctrica, de la inamovilidad a la apertura

Opinión del experto nacional
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Por Juan Carlos Gómez Aranda

Para sorpresa de aliados y detractores, el presidente López Obrador dio un giro importante a su postura en relación con la iniciativa de reforma eléctrica, que también pareció un extrañamiento a los duros de casa, al manifestar que está de acuerdo con que se hagan cambios al proyecto original, siempre y cuando mantenga la esencia, que consiste en el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Queda claro lo que ya sabíamos: a esta propuesta se le cambiará más de una coma dada la correlación de fuerzas legislativas. Lo que no conocemos es hasta dónde llega la “esencia” que se quiere sostener a toda costa. Como la gama del blanco para los inuit, es la escala de grises de la iniciativa eléctrica.

La apertura presidencial dejó mudos a los defensores a ultranza de la iniciativa y ahora se verán obligados a hacer acrobacias retóricas para acomodarse en el coro sin entender bien la nueva partitura, y dio la razón a los legisladores que procuran acuerdos. Agita las olas en el archipiélago que es el Congreso, pues envalentona a la oposición, que pedirá más cambios de los previstos. Quizá lo mejor hubiera sido dejar la cadencia de la discusión en las cámaras.

Es de reconocerse la nueva posición del jefe del Ejecutivo, sea por la convicción de escuchar e incorporar pensamientos distintos, por la aceptación de la terca realidad de los contrapesos en el Congreso o porque existen otros datos.

Tras presentar al Legislativo su propuesta de reforma eléctrica, el presidente López Obrador inició inmediatamente una campaña de comunicación —donde, como siempre, él es el principal y casi único vocero— que, de manera efectiva, posicionó en la opinión pública sus mensajes torales, dejando de manera marginal la argumentación de los opositores.

Para entonces la narrativa de tirios y troyanos se simplificó, pues entrar al fondo del tema es complejo porque se trata de un caso técnico propicio sólo para iniciados y que los aficionados rehúyen; pero llegará el momento de hacerlo por el bien de este sector que es estratégico para el crecimiento del país y el bienestar de las familias. Por un lado, el Ejecutivo y sus adláteres descalificaron a la oposición señalándola de corrupta y aprovechada de concesiones obtenidas de manera opaca y ésta, respondiendo que quienes la promueven tienen nostalgia por el pasado y quieren regresar al sistema de monopolios de Estado, cancelando la libre competencia y retrocediendo en el cambio hacia las energías que protegen el medio ambiente.

El discurso a favor de la reforma se endureció particularmente en contra de algunas empresas y generadores de energía privados. Este tono elevado lo siguieron algunos funcionarios, como el director general de la CFE con declaraciones tronantes que fueron interpretadas como la negativa gubernamental a permitir cambio alguno a la propuesta. Sin embargo, los desplantes no se corresponden con la fuerza de la bancada oficial en el Congreso.

Desde el principio advertimos barruntos de división dentro del bloque opositor conformado por el PAN, el PRI y el PRD y, también al interior del PRI, pero entonces no imaginamos que, aun antes de iniciar formalmente el debate en el Congreso, Morena mostrara fisuras: por un lado, los reacios a no ceder nada y, por el otro, quienes tienen el peso de conseguir la aprobación en los mejores términos posibles, dados los nuevos equilibrios en escaños y curules.

Así como la iniciativa incluye aspectos positivos, también contiene imprecisiones, ideas que se contraponen a las tendencias globales y riesgos jurídicos, que parecen colocados ex profeso para negociar y así conceder triunfos a las oposiciones. El nuevo escenario prefigura que algunas propuestas tendrán que recular y otras rediseñarse para su aplicación gradual.

La línea está tirada. Ahora toca a los diputados y senadores estar a la altura de nuestros inciertos tiempos y generar un clima de diálogo y certidumbre jurídica para la vida pública, porque nuestro país no sólo necesita estabilidad legal para su desarrollo económico a largo plazo, también requiere mayor seguridad pública, justicia laboral y abasto suficiente de energía crecientemente renovable. Pero, sobre todo, está urgido de reglas claras y acuerdos que miren más allá de la siguiente elección.

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