Por qué se debe cobrar por la recolección de los residuos

Aunque el monto de la propina es variable, dependiendo de la ciudad, de la región e incluso de las circunstancias particulares en que el servicio de recolección es prestado, normalmente es de por lo menos unos cuarenta pesos mensuales. La gente la paga de una manera informal, pero en la mayoría de los casos no se percata del monto total, porque no siempre es la misma persona de cada hogar la que entrega la propina, porque la propina es voluntaria y porque casi nadie hace cuentas sobre cuánto pagó al mes.

Sin embargo, aquellos alcaldes que osan decirle a sus gobernados que pondrán en marcha un mecanismo de cobro son inmediatamente desacreditados. Obviamente, si lo que se cobra se usa para un fin completamente ajeno a brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, el reclamo es muy válido. Pero, en cambio, si lo recaudado se destina para renovar e incrementar la infraestructura de gestión de los residuos, el reclamo resulta desatinado.

¿Por qué debe cobrar un municipio a sus ciudadanos por la recolección de sus residuos?

Resulta que el traslado de los residuos sólidos urbanos recolectados a los sitios de disposición final implica costos tanto de la recolección misma como de la limpieza urbana, el traslado y la propia disposición. Independientemente del lugar al que vayan a parar los residuos recogidos, el municipio le tiene que pagar a alguien por facilitarle un espacio para depositar los residuos.

A veces se piensa que aquellos municipios que sí cobran por la recolección están aplicando un impuesto, cuando en realidad se trata del pago de un derecho, igual al que uno paga por la energía eléctrica consumida, el gas usado, el agua consumida, el servicio telefónico y el internet ocupados. Quien consume más, debería naturalmente pagar más. Y en el caso de los residuos no debería haber excepción y aplicarse este principio en la misma proporción.

A esto se suma que, en casi todos los municipios del país, hay una ausencia alarmante de infraestructura para gestionar apropiadamente los residuos porque, por no llevar cuentas claras y transparentes, no se tiene un conocimiento preciso sobre los gastos necesarios para atender esta función clave para el bienestar de la ciudadanía.

Cuanto más demore un municipio en establecer sistemas efectivos y transparentes de cobro que aseguren la disposición apropiada de los residuos sólidos, tanto más seguirán ocurriendo afectaciones costosas como la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, las emisiones de metano que incrementan la temperatura del planeta, la propagación de fauna nociva y los problemas de salud pública.

Muchos municipios del país, de hecho, ya han establecido el marco normativo para cobrar una cuota por la recolección de los residuos urbanos, pero la mayoría de los alcaldes que los gobiernan no se atreve a ponerlo en marcha, porque no quieren asumir el costo político de implementarlo.

Se nos olvida que los ecosistemas se desequilibran cada vez que permitimos la disposición de los residuos en lugares inapropiados como los incontables tiraderos a cielo abierto que hay en nuestro país. Y cada vez que los municipios se resisten a cobrar y los ciudadanos a pagar, se agrava más la enfermedad de nuestros entornos.

En la siguiente columna continuaremos hablando de este tema tan importante.