Por la inclusión en las aulas de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad

Por Carolina Monreal*

El pasado lunes 26 de agosto inició el ciclo escolar 2019-2020, con más de 25.4 millones de estudiantes de educación básica (primaria y secundaria), de ellos, 284 mil 946 alumnos ingresaron a educación inicial; cuatro millones 773, a educación preescolar; 13 millones 920 mil, a primaria y seis millones 439 mil a secundaria.

Con respecto a los alumnos con discapacidad, solamente el 46.5% de las niñas, niños y jóvenes entre tres y 29 años acude a la escuela. Según datos del Inegi, únicamente el 75% de las personas con discapacidad recibe algún tipo de educación. Enadis señala que dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni escribir, de los cuales 20% son hombres y 24% mujeres. De cada 100 niñas y niños de 15 años o más, solamente 45 terminan la primaria, 23 de cada 100 no tienen estudios y sólo siete cuentan con estudios de educación superior.

Para que las personas con discapacidad accedan al derecho a la educación, el Estado mexicano ha generado algunas alternativas de inclusión para que las niñas, niños y jóvenes, con y sin discapacidades, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas. Por un lado, están los Centros de Atención Múltiple (CAM), que ofrecen educación básica (preescolar y primaria) y capacitación laboral para niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Por otro, están las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), integradas por maestros especialistas, cuyo objetivo es apoyar a las escuelas regulares que prestan servicios a niñas y niños con discapacidades.

La Ley General de Educación, en su artículo 4°, establece la igualdad respecto al acceso a la educación para todas las niñas y niños, por lo que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de recibir a niños con o sin discapacidad, pero, ¿qué pasa cuando los niños son aceptados sólo para evitar problemas o denuncias?, ¿qué sucede cuando las y los docentes no son empáticos ni están capacitados para recibir en su aula a una persona con discapacidad? Recordemos el caso de la niña de 11 años a quien la directora del colegio particular le aplicó un horario diferente por tener autismo, limitándola, excluyéndola y segregando a la menor por su discapacidad. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó reincorporar de manera inmediata a la niña con sus compañeros en el horario regular.

Tener a una persona con discapacidad en la familia involucra múltiples retos. Muchas niñas y niños no acuden a la escuela por diversas razones, entre ellas, la exclusión o discriminación que pueden sufrir por parte del personal docente o inclusive de las y los compañeros, por tener el tema como tabú o invisibilizado, no interactúan con estos niños o niñas “diferentes”, sin embargo, la exclusión no es sólo contra la persona con discapacidad, muchas veces también es para toda la familia. Está el caso de Sandra, madre de una niña de lento aprendizaje que ha enfrentado obstáculos en la escuela donde estudia su hija, al grado de que está pensando seriamente en sacar a su hija de la escuela “porque ya no puede más”.

Tengamos presente que la educación en México, además de ser laica, gratuita y obligatoria para todas y todos, es un derecho humano. Recordemos que el lema de la ONU, “No dejar a nadie atrás”, implica disminuir las brechas de desigualdad, así como la exclusión por tener alguna discapacidad.

Se ha comprobado que tener personas con discapacidad en las aulas genera “empatía”; no dejemos de luchar por garantizar que las niñas, niños y jóvenes con discapacidad accedan, en igualdad de circunstancias, a la educación de que el resto de las niñas y niños gozan.