No llueve y ¿ahora?

Por Ramón Aguirre Díaz* 
 

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En México, el 8 de febrero del año 2012 se hicieron reformas al artículo 4º constitucional para reconocer este derecho, estableciendo en el artículo 3º transitorio de esta modificación que “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”.

Conforme a lo anterior se tienen, sorprendentemente, más de siete años de atraso en la promulgación de una ley que, entre otras cosas, reglamente las modificaciones al artículo 4º constitucional y precise los diferentes aspectos a los que se obliga el Estado mexicano en materia del cumplimiento de este derecho. Estamos hablando de temas como la disponibilidad, la accesibilidad física y económica al agua, la calidad de la misma, la no discriminación y el derecho a la información.

La razón por la cual no ha sido posible contar con una ley conforme fue establecido en la propia Constitución, se debe a que además de ser un recurso indispensable para la vida en el planeta, el agua es altamente política. En las propuestas que se han hecho en el pasado ha sido prácticamente imposible avanzar, ya que los puntos de vista y las opiniones son tan divergentes que no se alcanzan fácilmente acuerdos. Sin embargo, el contar con una nueva ley ahí está como una clara necesidad y obligación, por lo que las nuevas autoridades federales, entiéndase la Conagua y la Cámara de Diputados, trabajan en la elaboración de un documento que sea fruto del consenso, el cual será muy difícil de lograr. Para lo anterior, tanto los diputados como Conagua han realizado diversos foros de discusión, a uno de los cuales fui invitado. Entre los diferentes ponentes, por supuesto que nunca faltó quien comentó algo que se tiene como una necesaria premisa: “México tiene mucha agua, suficiente para atender todas las necesidades”… Lamentablemente, es un afirmación falsa y por supuesto que partiendo de eso no puede construirse una propuesta seria.

La realidad es que México es un país donde sus principales ciudades y muchas de sus zonas agrícolas se abastecen gracias a la extracción de agua que se almacenó en los acuíferos durante miles de años y que poco a poco vamos agotando los más importantes. En materia de aguas superficiales, que son las que alimentan a las presas, dependemos de lluvias que se generan cada año y todo indica que este 2019 será un año anormalmente seco. Conforme a los datos del “Monitor de sequía en México”, que publica la Conagua, en el corte al 31 de agosto pasado, 65% de los municipios del país están en una sequía entre anormal y moderada, 18% se encuentra con sequía severa o extrema y sólo 17% ha tenido las lluvias normales. Preocupante, ya que de un mínimo de lluvia dependen tanto el abasto de agua a la población como la producción de alimentos y muchos procesos productivos.

Faltan todavía dos meses para que concluya la formal temporada de lluvias en la mayor parte del país y ojalá se presenten precipitaciones que resuelvan la situación, pero, si como mexicanos vamos a continuar bajo el peligroso supuesto de que el agua, dada su gran importancia, es un derecho al que podemos acceder sin ningún control ni limitación, estaremos en una apuesta de alto riesgo. Ojalá este 2019 no nos haga recapacitar, a la mala, sobre nuestro concepto del agua como un recurso natural necesariamente “mucho y suficiente”.