La 4T y el fin de los elefantes blancos

Antes que la campaña presidencial de 2006 se tornase en una persecución de los poderes fácticos contra el candidato de las izquierdas y lo tachara de “peligro para México”, Felipe Calderón lanzaba arengas en contra del PRI, al que acusaba de haber dejado de invertir en la industria energética nacional, con la bravuconería que le caracteriza, y planteó la construcción de una nueva refinería en caso de llegar al gobierno.

Una vez que usurpó la más alta representación del poder político, la Presidencia de la República, Calderón Hinojosa persistió en la idea de construir una nueva refinería en el país. Anunciada en 2008 como palanca de desarrollo, no ha representado sino pérdidas económicas, tanto del erario como del patrimonio 520 ejidatarios de Atitalaquia, Hidalgo, que al vender sus predios (un total de 700 hectáreas que dejaron de ser suelo agrícola) bajo la promesa —incumplida, claro está— de que la refinería traería empleos desde su construcción perdieron su fuente de trabajo, la tierra.

Con el dinero de la venta de sus tierras, los campesinos hidalguenses adquirieron maquinaria pesada para participar en el proceso de construcción, proceso que nunca llegó. La infamia que petulantemente fue bautizada como Refinería Bicentenario, pero de la que sólo se construyó una barda perimetral, que ni siquiera fue concluida, es catorce años después un predio abandonado, cuyas inmediaciones dan cobijo a la única actividad industrial energética que creció, operativa y económicamente, con el neoliberalismo, el huachicol.

El saldo de la inconclusa refinería de Calderón, experto en el tema energético (léase con sarcasmo), representó una deuda a doce años para Pemex de 1,451 millones de pesos (al asumir el costo del pago a ejidatarios), una deuda de 1,000 millones de pesos para el estado de Guanajuato —pues fue uno de los estados que buscó ubicar la refinería en su territorio— y un desperdicio de recursos federales superior a los 9 mil millones de pesos, que solo redituaron beneficio para la constructora favorita del calderonato; la misma empresa responsable, en sobreprecio del 191%, del monumento que Felipe Calderón erigió en honor a la corrupción transexenal. Seis años y más de 11 mil millones de pesos del erario después, en 2014, el gobierno de Peña Nieto canceló el proyecto de forma definitiva, alegando incapacidad financiera, tenía un negocio aún más jugoso en puerta con el aeropuerto de Texcoco. Una obra faraónica, aledaña a una zona donde confluyen 9 ríos, para la cual fueron desecados numerosos cuerpos de agua, además del despojo de tierras en la zona sur oriente del Estado de México, insigne de la prepotencia, ignorancia y despilfarro con el que Peña Nieto se condujo mientras simulaba gobernar a un país al que nunca ha terminado por entender y del que ha preferido autoexiliarse.

La construcción del aeropuerto encima del lago tuvo una estimación de 186 mil millones de pesos; sin embargo, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación determinó que el costo se incrementó a 305 mil millones de pesos, y para abril de 2019 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte estimó que se habrían requerido hasta 400 mil millones de pesos para concluir la obra.

Apenas, en la primera conferencia matutina del año, el presidente López Obrador reiteró el compromiso asumido con anterioridad, la conclusión e inauguración de dos proyectos estratégicos para perfilar la transición energética y la conexión global de nuestro país en el siglo XXI, es decir, la Refinería Olmeca y el Aeropuerto Felipe Ángeles, respectivamente.

A poco más de la mitad del sexenio, la 4T concreta materialmente una parte fundamental del proyecto, la soberanía energética, pues las decisiones reales —no comunicadas con bombo y platillo— tomadas en los gobiernos de Calderón y Peña respecto al abandono deliberado de la refinería, fueron por sumisión a los gobiernos Obama y Trump y su defensa de intereses inexistentes en el mercado energético mexicano hasta que Calderón intentó abrirles la puerta, siendo Peña quien lo lograse.

El aeropuerto que mataría al lago comenzó a ser construido en septiembre de 2015 y se estimó que iniciaría operaciones a mediados de 2022, alrededor de 7 años. López Obrador rompe con la lógica y corrupción del neoliberalismo para demostrar que es posible hacer un Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México, que funcione en armonía con el Benito Juárez y el López Mateos (Toluca); con 79 mil millones de pesos, es decir, el 24% del costo del aeropuerto en Texcoco y en un tiempo de obra civil de 2 años y 3 meses, una cuarta parte del tiempo.