Insabi, salud para todos

Por Eduardo Ramírez

La pérdida de salud es, quizá, una de las mayores preocupaciones para las personas y las familias; se viven momentos de angustia por la gravedad de la enfermedad, de incertidumbre por el desamparo en que posiblemente se encontrarán quienes dependen económicamente de la persona enferma, de tristeza por verlo postrado y, si a eso se le suma que el Estado no garantiza el derecho a acceder a servicios de salud para todos, entonces es muy posible que tenga que hacerse uso del patrimonio o adquirir deudas para recuperarse.

Por eso, aunque se reconozca la protección a la salud como un derecho humano, en el Senado sabemos que eso no es suficiente y lo que esperamos es una posición activa del Estado, de lo contrario, se genera una desigualdad que se reitera en cada uno de los miembros de la familia que se encuentran sin cobertura. Eso es lo que sucede con 20 millones de personas para quienes la universalidad de los servicios de salud resulta inalcanzable, resignándose a recibir servicios caros, deficientes, improvisados o limitados.

El Seguro Popular, que debería ser el programa con que se cumpliera el mandato constitucional de otorgar protección de salud para todos, se volvió poco efectivo al no alcanzar tal cobertura y, mucho menos, lograr cubrir la mayoría de las enfermedades o proporcionar los medicamentos indispensables.

En el Senado, conscientes de que ese derecho es irrevocable y esencial para toda persona, porque sin salud se puede perder todo, nos hemos comprometido a que el Estado no sólo cumpla con su obligación de garantizarlo, sino también a proporcionarlo. Por eso, aprobamos sustituir el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, así, acabar con la desigualdad en los servicios de salud, para que su prestación sea gratuita, incluidos los servicios quirúrgicos, medicamentos e insumos para todos aquellos que no cuenten con IMSS o ISSSTE, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social.

De este modo, todos los que contaban con Seguro Popular mantendrán los servicios que se les proporcionaban y, para quienes no tenían cobertura de salud, únicamente deberán contar con la CURP, acta o certificado de nacimiento; ya no será necesario ser residente en el territorio nacional para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, sólo basta encontrarse dentro del territorio nacional y no contar con seguridad social.

Nos hemos comprometido a que el Estado, como mínimo, deberá garantizar la prestación de servicios de consulta externa en el primer y segundo niveles de atención; la hospitalización para especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, así como medicamentos y demás insumos básicos.

Por otro lado, con el propósito de desincentivar la corrupción y el dispendio, se estableció en la nueva ley que los estados, a fin de optimizar los recursos, podrán firmar acuerdos con la Federación para que las compras de medicamentos e insumos se haga de manera consolidada y lograr así mayores ahorros.

Otra característica que se pretende lograr es la calidad en todas sus formas y niveles; que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. De igual modo, se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, con el cual se podrán atender enfermedades que provocan gastos catastróficos, así como la atención de infraestructura, medicamentos e insumos con preferencia a los estados con mayor marginación social.

Finalmente, es necesario dejar bien claro que todos quienes laboraban bajo el programa del Seguro Popular, médicos, enfermeras, enfermeros, administrativos o con cualquier plaza, les serán respetados sus derechos laborales y pasarán a formar parte del Insabi, a fin de que sigan en su loable tarea de prestar el servicio de salud, ahora sí para todos.