Asalto a la Corte

Por Fernando Belaunzarán*

La división de poderes es salvaguarda contra el despotismo. Los comicios definen la distribución del poder, pero éste no es ilimitado, aun cuando los ciudadanos hayan decidido concentrarlo. La ley y los derechos que ésta otorga deben ser la frontera infranqueable para los gobernantes, quienes sólo pueden hacer lo que les está explícitamente facultado, además de que están obligados a respetar y darle vigencia a los ámbitos de libertad, individual y colectiva, que la Constitución reconoce. El garante de que eso se cumpla es el Poder Judicial.

Los jueces dirimen múltiples controversias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la última palabra, no sólo en la resolución de aquéllas, sino también en la interpretación y armonización de leyes y preceptos constitucionales que pueden entrar en contradicción en casos específicos. Si es capturada por el poder político o económico, no sólo los ciudadanos quedan en la indefensión ante el abuso y la injusticia, sino que, además, la democracia naufraga al quedar desacreditada la vía institucional de resolución de conflictos, convirtiendo al árbitro en instrumento y cómplice de intereses facciosos.

Sin pretender extrapolar realidades que hoy son distintas, vale la pena tomar nota de que la crisis en Venezuela llegó al grado en la que hoy se encuentra por la grosera subordinación del Tribunal Supremo de Justicia al gobierno. Para revertir la derrota del chavismo en las elecciones legislativas en 2015, desconocieron triunfos legítimos de diputados, negaron facultades legales a la Asamblea Nacional, admitieron la convocatoria a una Asamblea Constituyente amañada que aseguraba mayoría artificial al oficialismo, negaron registro a opositores para competir en las elecciones y dieron aval a un sinfín de maniobras igualmente sucias.

Es verdad que la transición mexicana se pervirtió en muchos aspectos y padecimos una pluralidad cómplice que, lamentablemente, redujo sus propios avances; pero sería un error de graves consecuencias tirar al niño con el agua sucia.

Desde 1995 hemos tenido una SCJN que ha dado históricas muestras de independencia y convicción garantista. Se ha podido coincidir o discrepar de sus sentencias, pero ganaron autoridad política, jurídica y moral, de tal suerte que las partes la aceptan como un terreno legítimo de disputa. Eso es lo que hoy está en juego.

Preocupa que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga ternas para integrar el máximo tribunal en las que predomina la cercanía política y personal sobre méritos y trayectorias.

Si fue un exceso proponer a dos mujeres muy cercanas a su partido para allanarle el camino a quien encabezaba el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX cuando él era jefe de Gobierno, ahora se supera al hacer exactamente lo mismo para abrirle el paso a Yasmín Esquivel Mossa, esposa de un conocido contratista al que él mismo ha llamado amigo y que jugó un papel clave en la cancelación del NAIM: José María Riobóo.

Sumen a eso el maltrato recibido por instituciones autónomas —como el INE, INEE, Inai, Inegi— y las versiones de periodistas prestigiados no desmentidas de que el consejero jurídico de la presidencia, junto con el presidente de la SCJN, operó para que la magistrada Janine Otálora renunciara a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que no acompañó la anulación de las elecciones en Puebla. Sin contrapesos no hay democracia posible.

Como bien alertó José Ramón Cossío al despedirse de la SCJN, frente a la crisis de la democracia, es menester defender La plaza de la Constitución. Y eso sólo se puede hacer con independencia.

                *Integrante de la dirigencia colegiada del PRD