Acciones afirmativas para personas con discapacidad

Jaime Rivera Velázquez

Consejero INE

Este 15 de enero, el Consejo General del INE tomó varios acuerdos trascendentales. El que despertó más atención y controversia fue el que prohíbe a los servidores públicos intervenir en la competencia electoral, atendiendo al mandato de los artículos 41 y 134 constitucionales. Pero hubo otro acuerdo, quizá más importante todavía, que pasó casi desapercibido por el ruido mediático del anterior: el que establece acciones afirmativas para garantizar o propiciar la representación política de grupos minoritarios o en condiciones de vulnerabilidad.

Así, las candidaturas a diputaciones federales deberán incluir a mujeres y hombres indígenas, personas con alguna discapacidad, miembros de la población afromexicana y de diversa orientación o identidad sexual. El principio que anima a estas medidas es combatir la discriminación, práctica ancestral inadmisible en la democracia contemporánea. Quiero referirme especialmente a las medidas a favor de personas con discapacidad.

La población con alguna discapacidad asciende en México a 7.7 millones de personas, pero la atención pública que se le presta es muy inferior a su proporción. En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fue una iniciativa del Estado mexicano, impulsada por Gilberto Rincón Gallardo, respaldada por otras naciones y por activistas y defensores de los derechos humanos. La convención propuso un cambio sustantivo: modificar el enfoque meramente médico o asistencial que había predominado en las políticas de atención, y sustituirlo por una perspectiva de derechos humanos.

Esta perspectiva de derechos, conocida como modelo social de la discapacidad, se acuñó en Reino Unido en los años 80, impulsada por grupos civiles que entendieron esta condición no como una falla en el ser humano, sino como una variación (ya sea física, sicológica, intelectual o sensorial) que puede causar limitaciones funcionales, pero que, si es atendida correctamente, no tiene que ser una barrera infranqueable. Así, la atención del Estado no debía concentrarse sólo en aspectos de salud, sino de inclusión, lo cual demandaba acciones en el terreno del empleo, de la educación y de la accesibilidad.

Desde entonces, y aunque México fue impulsor del cambio de paradigma internacional, no se ha avanzado mucho en visibilizar y dignificar la vida de las personas con discapacidad ni la de sus familias. El sistema educativo, por ejemplo, no dispone de los recursos para atenderlos de acuerdo con su condición, lo que provoca, de facto, la exclusión de muchos niños y niñas de la enseñanza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer o escribir, no tienen escolaridad y sólo 45 de cada 100 terminaron la primaria. Estas cifras se explican por la falta de políticas de inclusión que no aligeran, sino que añaden dificultades a la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.

Es realmente poco lo que el Estado mexicano ha hecho y hace por las personas con discapacidad. La atención médica especializada es para muchas inalcanzable, sea porque no pueden pagarla o simplemente porque se ofrece en muy pocos lugares; la educación apropiada es una rareza; la inclusión laboral, escasa y con pocos incentivos; la inclusión política, ocasional e incipiente.

Una de las grandes —aunque poco visibles— deudas de la sociedad mexicana es la atención debida a la población con discapacidad. Hay algunas iniciativas desde la sociedad civil con logros muy valiosos, pero claramente insuficientes ante la dimensión del problema. Se requieren políticas públicas con enfoque de derechos, que sumen el esfuerzo de los gobiernos y de la sociedad civil en pro de atención especializada y de inclusión educativa, laboral, recreativa y política. 

La inclusión de personas con discapacidad en la representación política puede ayudar a promover políticas públicas con la orientación apropiada y con los recursos necesarios. Desde el proceso electoral de 2017, el INE tomó medidas para garantizar que a personas con discapacidad se les incluyera como funcionarios de casilla. Sin embargo, su derecho al voto pasivo es muy limitado. Aquel año sólo se postularon 61 personas a 57 cargos de representación federales y locales; de ellas, 8 fueron electas como legisladores federales.

Para atender este déficit y nivelar un poco la representación política de las personas con discapacidad, el Consejo General del INE aprobó hace una semana un criterio que obliga a los partidos políticos a registrar 8 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales, 6 por el principio de Mayoría Relativa y 2 por el de Representación Proporcional. Es un paso inicial que debería abrir un camino hacia la inclusión y la igualdad de derechos.