El Estado mexicano, herido de muerte

A 14 semanas de declarada oficialmente la pandemia por covid-19, el panorama no es mejor ni con el virus, ni con la estrategia de control. Esta inesperada y fatal enfermedad ha tocado a todos, zonas urbanas, rurales, poblaciones pequeñas, grandes ciudades, grandes capitales como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, en donde incrementan sus casos día con día. Pocas veces nos detenemos a pensar en aquellas personas que tienen como deber estar activos, ir a donde se les ordene, apoyar en cualquier situación si los mandos superiores lo solicitan o si las necesidades de la sociedad así lo exigen.

Es el caso de los militares, a quienes en la Ceremonia del 54° aniversario del Plan DNIII, realizada en la Zona Militar de la capital de Puebla, se les rindió un merecido homenaje a militares muertos por covid-19 y en donde a 9 de ellos la Sedena les otorgó ascensos post mortem a grados inmediatos. El acto fue encabezado por el Presidente de la República y por los secretarios de la Defensa y Marina, pues de la misma manera y por la misma razón se entregaron condecoraciones a los 12 comandantes de región en el país, ya que en cada uno de ellos descansa la responsabilidad de la zona geográfica que le corresponde en el desempeño de la activación del Plan DNIII. 

En un sentido opuesto, las imágenes de soldados hacinados y acostados sobre cartones en condiciones deplorables y a la espera de ser atendidos por síntomas de coronavirus causaron gran indignación, no sólo a la sociedad en general, sino al mismo secretario Sandoval, quien, al enterarse, ordenó al Estado Mayor de la Defensa investigar sobre el caso y aplicar las consecuencias respectivas a quienes resulten responsables.

El secuestro del Gral. en activo José Guillermo Lira pone a la luz la afrenta que el crimen organizado está dispuesto a correr en contra del Ejército mexicano, fuentes cercanas a la familia aseguran el pago de rescate para su liberación; sin embargo, la intervención de la GN fue indispensable para su rescate, la movilización de esta, ordenada por Rodríguez Bucio, peinó el estado hasta dar con el general y lograr salvar con vida a uno de los suyos.

La noticia del asesinato del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, conmocionó a México, como también lo hicieron las palabras del ministro presidente de la SCJ al decir que se trató de un crimen de Estado. No pudo haber un error en las palabras del ministro cuando mejor que nadie conoce el término, un crimen de Estado se refiere a la acción o acciones que ejercen quienes representan al Estado, en contra de alguna persona para causar su muerte. ¿Qué quiso decir el ministro Saldívar con este señalamiento? La interpretación de sus palabras queda abierta a quienes encuentren en ellas agua para sus molinos, sin embargo, aunque se hubiera referido a cualquier particular que comete el delito, la connotación de crimen de Estado que dio señala la omisión o complicidad del Estado al ser incapaz de brindar seguridad, en este caso, a quienes ejercen mediante el poder judicial las sentencias que ponen en riesgo la vida de los jueces. Un Estado que ha sido incapaz de enfrentar con éxito la estrategia de seguridad, no tiene la autoridad moral de refutarlo. La contundente declaración del ministro Arturo Saldívar sobre la muerte del juez Villegas Ortiz sentenció al gobierno de López Obrador, “si este caso no se resuelve será una derrota para el Estado mexicano, si este caso no se resuelve, el Estado de derecho quedará herido de muerte”.

*

DE IMAGINARIA

Sólo las autoridades mexicanas se pueden sentir orgullosas por el lugar que les fue asignado en el Consejo de Seguridad en la ONU. La pregunta es si la estrategia de abrazos y no balazos será parte de la propuesta mexicana para la agenda internacional.