La maternidad y los derechos de las mujeres

Desde esta perspectiva, la idea de la maternidad como destino inevitable para todas las mujeres, y también como decisión obligada para arribar a la “plena realización femenina”, ha sido cuestionada desde hace varias décadas y hoy amplios grupos de mujeres lo entienden como una determinación opcional, que se toma en función de otros factores como la trayectoria escolar o el desarrollo profesional, por citar sólo a los más evidentes.

Lo que podría llamarse “la cuestión de la maternidad”, no puede pensarse hoy de manera ajena a la legítima demanda del cumplimiento universal, integral y progresivo de los derechos de las mujeres, y sin considerar, desde luego, todos los rezagos y pendientes que se tienen en la construcción de una sociedad de igualdad entre mujeres y hombres.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han tenido, al menos, una hija o hijo nacidos vivos. Y según los datos del Censo 2020, hay 10,121 niñas de 12 a 14 años de edad que ya son madres, es decir, niñas que en numerosos casos fueron víctimas de violencia sexual o también de tal nivel de incumplimiento de sus derechos que ahora se encuentran en esta situación.

Asimismo, el Censo documentó que a inicios del 2020 había, al menos, 620 mil niñas y adolescentes de 15 a 19 años que ya se habían convertido en madres, de las cuales 71,781 tenían dos hijos o más, lo cual muestra el grado de incumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, y de una larga lista adicional de derechos que no se han realizado.

Otro dato del Censo que permite dimensionar la magnitud que tiene el embarazo adolescente en nuestro país es la tasa de fecundidad específica para el grupo de 15 a 19 años, el cual se ubicó en 2020 en 42.96 nacimientos por cada 100 mil en el grupo de edad, mientras que en el grupo de 35 a 39 años la tasa es de 41.86; es decir, en México, las mujeres adolescentes tienen más hijas e hijos que las mujeres adultas jóvenes de 35 a 39 años.

A lo anterior debe añadirse que en 2020 había un total 3.25 millones de niñas y niños cuyas madres están en el segmento de edad de los 20 a los 24 años; es decir, aun cuando no se trata de menores de edad, son mujeres muy jóvenes que regularmente truncan o posponen trayectoria escolar o desarrollo profesional.

Según el propio Censo 2020, se estima que hay 5.48 millones de hogares donde la persona de referencia es una mujer, sin cónyuge y con hijas e hijos. Esos hogares están integrados por un total de 19.93 millones de personas.

En este contexto, los indicadores sobre violencia e incidencia delictiva muestran que en los últimos dos años se han alcanzado niveles récord de víctimas de violencia familiar, pero también de violencia sexual, y de otras formas de violencia de género, lo cual exige de un cambio radical en el diseño y operación de las políticas públicas mediante las cuales se debe dar cumplimiento tanto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin igualdad no hay democracia, no hay Estado de bienestar posible, y tampoco puede hablarse propiamente de un país con niveles de desarrollo apropiados. Tenemos que hacer mucho más, y debemos hacerlo ahora, porque ni la libertad ni la igualdad pueden esperar más.