Oposición inerme

Si hay contrapesos la división de poderes funciona y el Poder Ejecutivo debe cuidar que sus acciones no atropellen la Constitución y las leyes, así como negociar ciertas decisiones. La pluralidad es entonces una especie de garantía democrática. La garantía de que no hay un pensamiento único que pueda imponerse, ni una sola voluntad que pueda prevalecer.

Hasta 1979, México tuvo una pluralidad raquítica: a veces “hechiza” con los partidos “satélite”, a veces simplemente testimonial e inerme porque la aritmética parlamentaria no daba para pesar en un Congreso de partido dominante. Poco a poco la pluralidad se fortaleció y la oposición ganó suficientes espacios para influir e incluso para ser determinante. La agenda pública se enriqueció, el pensamiento único quedó atrás y la división de poderes propios del sistema presidencial se hizo realidad.

Hoy el Congreso se parece más al del partido dominante que prevaleció de 1979 a 1997 cuando apareció el primer gobierno sin mayoría o, incluso, al de épocas anteriores.

¿Es esto malo per se? No necesariamente, pero puede serlo en un contexto en que el apego a la legalidad no es nuestro fuerte, en el que la cultura de la deliberación no es apreciada (me canso ganso que construiré el tren Maya) y en el que los hombres pesan más que las instituciones. Puede serlo cuando la oposición vuelve a estar inerme.

La distribución del poder político de aquí al 2021 hace a la oposición prácticamente nula, impotente o inútil. Ningún partido por sí solo tiene chance de que sus iniciativas de ley prosperen (poder positivo) ni de frenar a la fracción mayoritaria (poder negativo). Nada puede hacer frente a las decisiones que requieren de mayoría simple y muy poco frente a las que requieren la mayoría de dos tercios de los legisladores. Ni siquiera puede hacer uso de aquellas facultades que tienen las fracciones minoritarias.

Van algunos ejemplos. El número mágico es el 33% de los asientos. Para frenar una reforma constitucional que les pareciera “inapropiada” se necesitaría que en la Cámara de Diputados se juntaran, al menos, cuatro de los cinco partidos de oposición y en la de Senadores tres de cinco.

Podría parecer poca cosa, pero los senadores de Morena y PT podrán nombrar o ratificar casi a placer: ministros de la SCJN, magistrados electorales y de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México y del INEE, comisionados del INAI, consejeros y presidente de la CNDH y del Sistema Público de Radiodifusión y comisionados del IFT y Cofece.

Por su parte, los diputados de las mismas fracciones podrán nombrar a los consejeros y presidente del INE y de Coneval y a los titulares de los órganos internos de control de los organismos de autonomía constitucional.

Más todavía. También necesitan actuar de manera concertada y permanente para interponer una acción de inconstitucionalidad entre normas generales y la constitución o para llamar a una consulta popular, pues para ambas se requiere de 33% de cualquiera de las cámaras. Vaya, no les alcanza ni para integrar comisiones a fin de investigar organismos descentralizados y empresas paraestatales (empresas productivas del Estado) o para llamar a comparecer a los titulares de las secretarías.

Ante la mayoría en el nuevo Congreso, se dice con razón, que la pequeña gran diferencia es que nadie puede decir que la representación mayoritaria de Morena en el Congreso haya sido producto del fraude o de una competencia inequitativa. Pero la pequeña gran diferencia es, también, que hoy existen instituciones que fueron creadas, precisamente, para que el Ejecutivo no concentrara demasiado poder y lo ejerciera a discreción.

Legítima o no, la mayoría debe cuidar las formas y el fondo. Formas como no repetir una votación en menos de 8 horas en las que primero se le niega la licencia a un senador (Manuel Velasco) para después otorgársela. Formas y fondo como tomar la tribuna para llamar a los servidores públicos a violar la ley y dejar de aplicar las evaluaciones a los maestros aunque estén obligados a ello. Fondo como anunciar la desaparición de un órgano como el Institución Nacional de Evaluación Educativa o suspender las convocatorias del CONACYT. Hasta el momento lo que podemos ver es que la nueva mayoría será impositiva y apresurada. Basta ver la nueva Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Por fortuna no todo es aritmética parlamentaria. Con un Congreso como el actual y un precario Estado de derecho, los contrapesos tendrán que venir de otro lado: la Corte, los gobernadores, los medios de comunicación, los empresarios, la sociedad organizada, los mercados internacionales. Si estos no se activan, estamos en problemas porque por más legítima que sea la mayoría la oposición es siempre necesaria en una democracia.