El presupuesto del Congreso

No va a ser fácil. Los recortes afectan intereses y en este caso el interés mayoritario es el de Morena y compañía, pero hay otro 39% de diputados y 46% de senadores no morenistas que también saldrán afectados. Los legisladores hoy ganan más, mucho más, que los 108 mil pesos mensuales que el Presidente recibirá a partir del próximo sexenio. Si es verdad que nadie podrá ganar más, el golpe será mayor. Además del recorte salarial, tendrán que desaparecer también las prestaciones asociadas al cargo.

Hace años mostré en un estudio (Cómo y Cuánto Gasta el Congreso, CIDE, Cuadernos de Debate Num. 8, México 2011) que los ingresos reales de un diputado eran muy superiores a lo declarado y la forma en que había crecido el presupuesto destinado al Poder Legislativo. En ese estudio resultaba que el aumento de su presupuesto entre el 2000 y 2011 había sido de 50.5% en términos reales. De entonces para acá, el aumento ha sido de otro 16%. En ese estudio se mostraba también la gran opacidad y discrecionalidad con que se ejercía el gasto y que el famoso rubro de Servicios Oficiales, del cual no se rendían cuentas, se llevaba más de 25% del pastel presupuestario del Congreso. Las cosas no han cambiado mayormente.

El estudio mostraba también que si bien formalmente un diputado “de a pie” ganaba 150 mil pesos mensuales por los tres conceptos de su “salario” (dieta neta mensual, asistencia legislativa y atención ciudadana), si a ello se agregaban “otras prestaciones y percepciones”, el monto subía a 218 mil 449 pesos. Éstas incluían apoyo para transporte, parte mensual de la gratificación de fin de año (40 días), fondo de ahorro (12% de la dieta mensual), seguro de gastos médicos y seguro de vida. En realidad, el monto era mayor, pues no incluía ni las prestaciones “formales” de los diputados (gastos funerarios de sus beneficiarios, ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, seguro de gastos médicos menores, viajes y comisiones oficiales) ni tampoco el ya célebre “fondo moches”.

El salario formal de los diputados y senadores sobrepasa en un porcentaje importante los 108 mil pesos que se establecerán como tope. No sé qué tanto han aumentado todas las percepciones y prestaciones, pero sé que no han disminuido. Esto sin contar la costosa estructura administrativa que sostiene a la Cámara de Diputados, que asciende a más de cinco mil empleados y cuesta más de dos mil millones.

Otro hallazgo fue que México era el campeón en el número de comisiones. Entre las ordinarias y las especiales, llegábamos a 85. En promedio, en América Latina el número es de 32. Para rematar, el estudio mostraba que los periodos de sesiones en México eran de los más cortos. Chile, por ejemplo, sesiona 337 días y México 195. Todos estos datos son para mostrar que en efecto hay mucha tela de dónde cortar.

Si el recorte no ocurrió antes en el Congreso es porque ninguna de las fracciones parlamentarias, incluidas las de AMLO cuando era perredista y después morenista, quiso hacerlo. De la misma manera que la pluralidad nunca trajo consigo le contención de la corrupción, sino su democratización, tampoco trajo la racionalización del presupuesto, sino su aumento y su dispendio. El Congreso no fue la excepción. Todos los partidos se autoasignaron mayores presupuestos, todos votaron por mayores prestaciones, más comisiones con sus copetes salariales y empleados extras, más privilegios que no encontramos en otros países, más viajes y viáticos, más vales de gasolina y más asesores para hacer amiguismo y clientelismo.

La manta presupuestal que cobija a los legisladores y su burocracia tiene de dónde ser recortada y se prevé que las tijeras, como en el caso de los otros poderes y órganos autónomos, vengan bien afiladas. Pero otra vez, ojalá se cambie la tijera por el bisturí, porque la austeridad es necesaria, pero la reorientación del gasto, la transparencia y la reorganización de las cámaras también lo son.

Si el Poder Legislativo no es débil políticamente hablando, sí lo es en un sentido técnico. Los parlamentos con mayores capacidades institucionales son aquellos que dedican una importante proporción de recursos al sostenimiento de cuerpos profesionales independientes (apartidarios) a cubrir la gran diversidad de áreas que un parlamento contemporáneo debe atender. El mexicano no cuenta con ese tipo de apoyo. Sus numerosos centros de estudio no cumplen con esta indispensable tarea. El número de comisiones debería reducirse para reflejar la estructura de la administración pública y concentrar en ellas dichos cuerpos especializados. Igualmente se requiere una reforma para reducir el monto de recursos a que tienen acceso los grupos parlamentarios y la discrecionalidad para ejercerlos. Finalmente se antoja urgente aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los dueños del presupuesto, ¿se atarán las manos?

Investigadora del CIDE

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