El poder de los Poderes

María Amparo Casar A juicio de Amparo
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Tres años tres lleva el Presidente de la República entrometiéndose en los asuntos del resto de los Poderes: Legislativo, Judicial, gobiernos estatales y órganos autónomos. Lo ha hecho de palabra, obra y omisión: dañando su reputación, arrebatándoles funciones, cambiando leyes y reglamentos, desapareciéndolos o restándoles recursos. En suma, concentrando el mayor poder posible.

Me pregunto qué hubiese ocurrido si los presidentes anteriores se hubiesen atrevido a expresarse de manera tan irrespetuosa e impertinente del resto de los poderes. Presidentes anteriores formularon en muchas ocasiones sus diferencias con respecto a diversas sentencias de la Suprema Corte, pero nadie como el actual. El expresidente Calderón dijo en 2011: “No es que yo la traiga contra los jueces; al contrario, los aprecio y todo. Pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra (a los delincuentes), y los sacan y los sacan y los sacan”.

Fue duramente criticado lo mismo por la prensa como por diversos integrantes del Poder Judicial. Incluso fue señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por criticar públicamente a los jueces. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) exigió no acusar a los jueces sin tener argumentos y defendió el actuar de los impartidores de justicia. El entonces presidente de la SC, Silva Meza, solicitó a Calderón enviarle pruebas de actos de corrupción si las tenía. La hoy secretaria de Gobernación y en ese momento ministra de la SC, Olga Sánchez Cordero, recordó que, si las autoridades federales quieren sentencias condenatorias, “las averiguaciones deben estar bien integradas, que tengan las pruebas y las evidencias suficientes para que pueda actuarse”. Defendió la actuación de los jueces y le regresó la bolita al Ejecutivo. También habló de la necesidad de “no socavar las instituciones de impartición de justicia”.

Eso de que antes todo “callaban como momias y que nunca, desde Madero, se había atacado tanto a un presidente”, es una más de las afirmaciones falsas que a diario nos recetan en la mañanera.

Durante todo su mandato las expresiones de López Obrador han rebasado los límites de lo permisible en la relación entre Poderes y respecto a los órganos autónomos que son parte central del entramado institucional y de la democracia. Desde el inicio, usando sus conferencias matutinas ha insultado a jueces y ministros.

Ejemplos sobran.López Obrador emitió una declaración casi idéntica a la tan criticada de su némesis el expresidente Calderón: “Y no hace falta argumentar mucho, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses, la libertad de delincuentes de grupos que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. Imagínense que se ampara a los delincuentes …” (14/06/21). Y reiteró “… por lo general el Poder Judicial está podrido… la Corte sigue siendo la Suprema Corte si acaso del derecho, pero no de la justicia”.

Cuando el juez Gómez Fierro suspendió temporalmente la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, señaló que los jueces estaban actuando como empleados subordinados y no protegían los intereses nacionales, que estaban al servicio de los potentados. Añadió que hubo prisa en esta resolución indicando que no la había visto en otras controversias. En efecto, pero la ausencia de prisa de la Corte ha beneficiado a la actual administración porque hay más de una veintena de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra piezas centrales y políticas fundamentales de la llamada “gran transformación” que siguen durmiendo el sueño de los justos.

Su insistencia en la ampliación del periodo del ministro Zaldívar como presidente porque es el único (¿?) en todo el país capaz de llevar a buen puerto la reforma al Poder Judicial es un insulto al resto de los integrantes de la SC. Pero, por si eso fuera poco, remarcó que sería muy difícil que lo apoyen, “porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo”. Al final, 100 días después y ante la inminencia de que la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Zaldívar prosperara, el presidente de la Corte declaró que rechazaba la ampliación.

El dicho del Presidente de que con anterioridad la Corte había avalado la ampliación de los integrantes del Tribunal Electoral no sirve como analogía y mucho menos como precedente. El escalonamiento no estaba en la Constitución, todos los magistrados eran nuevos en el cargo y en ningún caso se excedía el plazo constitucional.

Faltan tres años de gobierno y nada indica que el injerencismo del Ejecutivo sobre sus contrapesos vaya a cesar. ¿De verdad el Ejecutivo dejó de ser el Poder de los Poderes?

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