De jure y de facto

El fuero constitucional tiene un término perentorio. Se acaba cuando llega a su término el cargo público para el que se fue electo o designado o, alternativamente, cuando los diputados deciden por mayoría hacer un juicio de procedencia para poner a disposición de la justicia al servidor público que presumiblemente cometió un delito. Pocas veces se utiliza. No porque las instituciones estén pobladas de funcionarios honrados y virtuosos, sino porque simplemente no se consigue una mayoría de diputados dispuestos a quitarles la inmunidad de la que gozan a los presuntos delincuentes. No sea que la próxima vez me la quiten a mí.
      El segundo, el fuero político, puede o no tener terminación. Hay filas de políticos que ya no tienen fuero, pero que siguen protegidos por el sistema. Y cuando se dice por el sistema, se dice por la clase política en su conjunto. Se dice que nadie ha decidido perseguir a esa persona aun a sabiendas de que los indicios de que ha cometido delitos son suficientes para abrir una averiguación por parte de las autoridades competentes.

El fuero político es mucho más importante. No tiene reglas escritas. No está sujeto a molestos procedimientos legales ni a reglas de operación. No requiere de mayorías para retirarlo ni de acusación judicial. No se circunscribe a una lista —demasiado amplia en México— de funcionarios. Es absolutamente discrecional. Su terminación está motivada por la venganza, la conveniencia, la componenda o el clamor social que llegado un punto hace inviable que la protección prosiga y rompe la resistencia del gobierno en turno.

Si la interpretación correcta es que los gobernadores siguen teniendo fuero aun cuando han pedido licencia, a Duarte le quedan pocos días de inmunidad procesal (30 de noviembre). El desafuero constitucional no prosperará. Quedan 4 días. Y, ¿el político?
      Nos quisieron hacer creer que a Duarte se le había terminado el fuero político cuando el PRI le suspendió sus derechos y lo expulsó del partido. Nos equivocamos. El gobernador con licencia se escapó a la vista de todos.
       El día que lo encuentren, lo sometan a la justicia y, si procede, lo encarcelen podremos creer que en verdad el fuero político le fue retirado. Antes, no. La expulsión del partido, las investigaciones del SAT, la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera, las averiguaciones abiertas en la PGR, todas seguirán apareciendo como parte de una farsa mientras Duarte no aparezca y sea sometido a la justicia.

Estamos indignados con razón. La fuga de Duarte, un individuo que debió haber estado rigurosamente vigilado, no tenía que haber ocurrido. Pero la cosa es mucho más grave. Tampoco debió haber ocurrido que siguiera gobernando como si nada cuando en su primer año de gobierno se demostró que había mandado una maleta con 25 millones de pesos en efectivo para pagar por adelantado un espectáculo. Cuando reprimió a periodistas y censuró las redes sociales. Cuando criminalizó la protesta social. Cuando le descubrieron las empresas fantasma. Cuando fue indiferente a los migrantes asesinados y a la creciente violencia en el estado. Cuando dejó de pagar a los pensionistas. Cuando protegió a los porkys. Cuando endeudó al Estado sin piedad y ya en 2015 había alcanzado los 44 mil 500 millones de pesos. Cuando quiso pasar su paquete de impunidad. Cuando la Auditoría Superior de la Federación acusó penalmente ante la PGR a 19 integrantes de su gobierno por irregularidades en el destino de 35 mil millones de pesos de recursos públicos.

Caso similar es el de Padrés. Nos hicieron creer que se le había acabado la protección política, pero estábamos equivocados. Padrés desapareció bajo las narices de los políticos del PAN, del gobierno federal y del gobierno estatal, a pesar de los indicios de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos por 83 mil millones de pesos y desfalco de las arcas de la entidad. Siempre “bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad”.

¿Y Humberto Moreira?, ¿se pararon las pesquisas? ¿Y Borge?, ¿alguien conoce su paradero?

No nos engañemos. Las sanciones partidistas no son suficientes ni son sanciones relevantes. Lo que hace falta, para responder a mi colega de página en Excélsior, Javier Aparicio, es que NO, las sanciones partidistas no contribuyen a fortalecer el Estado de derecho aunque sea saludable que lo hagan. Mucho menos en casos como el de Padrés y de Duarte en los que tenemos derecho a especular que o bien los ayudaron en sus actos de escapismo o bien fueron omisos. Al final, es lo mismo. Hay delitos por acción y por omisión.

Twitter: @amparocasar