Por un nuevo michoacanazo

Uriel Farías Álvarez fue electo alcalde de Tepalcatepec por el PRI en 2007. En 2009 fue detenido en el operativo federal conocido como el michoacanazo en el que 36 personas —entre ellos 16 funcionarios estatales, 11 presidentes municipales y un juez— fueron aprehendidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El operativo, un éxito por las detenciones, acabó siendo un desastre por sus resultados. El propio Uriel, quien fue sustituido en la alcaldía por su esposa, fue liberado menos de un año después y volvió a asumir la presidencia municipal. Hoy los 36 andan libres. No sabemos si entre ellos había acusados injustamente, pero todos salieron no porque su inocencia fuera probada sino por la incompetencia ministerial y judicial.

“No habrá otro michoacanazo”, advierte el secretario Osorio Chong. Ojalá y se refiera al fracaso final de ese operativo y no a la filosofía que debió haberlo animado, pero que el gobierno anterior no pudo sostener por incapacidad, debilidad o, peor aún, por componendas políticas: porque el Ministerio Público no integró bien las averiguaciones, porque el juez esgrimió un legalismo procesal o porque se llegó a un arreglo político.

Es posible que, como clama el PRI, el michoacanazo de 2009 tuviera la intención de “doblegar a un enemigo político” y es de reconocer que se diga que “cuando haya un señalamiento deberá haber sustento legal para actuar en consecuencia”. Pero ojalá y en la mira de la política de recuperación de buena parte del territorio michoacano estuviera un michoacanazo en el sentido de atacar el problema de colusión entre autoridades y crimen organizado.

Pero no. No está. Sorprende que el Plan Michoacán ideado para devolver la seguridad al estado contenga solamente medidas en torno al desarrollo económico y social de la entidad. No porque no sea importante impulsar el empleo, la educación, la cultura, la salud y la infraestructura, sino porque ninguna de éstas funcionará sin la vigencia del Estado de derecho, que es lo que hace mucho no existe en la entidad. Y el Estado de derecho no puede existir si quienes están encargados de hacerlo valer se encuentran sometidos o son parte del crimen organizado. Ni la fuerza pública ni una chequera de 45 mil millones de pesos alcanzan.

En la estrategia para recuperar Michoacán mucho se ha hablado de la experiencia colombiana, pero poco se ha tomado de ella en su larga lucha contra los cárteles de la droga. En particular aquella dirigida al combate a la corrupción política y administrativa.

En el Plan Anticorrupción, que fue parte de su estrategia, Colombia comenzó por reconocer la complicidad entre la política y el crimen organizado y la captura de las estructuras de gobierno local y federal incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el aparato electoral. El plan contenía diversas medidas entre las que se incluyeron la creación de consejos anticorrupción controlados por la ciudadanía, un modelo de investigación contra prácticas corruptas, averiguaciones sobre todos los candidatos que pretendían competir en las elecciones, el escrutinio de los recursos de campaña, cursos de capacitación a los gobiernos locales y una reforma para intervenir las administraciones municipales.

No fueron meras declaraciones, el Plan Anticorrupción acabó por procesar a más de 60 parlamentarios a los que se les retiró la inmunidad y a más de 40 funcionarios de los gobiernos estatales y locales por vínculos con el crimen organizado. Al propio expresidente del Congreso se le giró orden de aprehensión.

Una estrategia como ésta requiere, en primer lugar, del reconocimiento de que sin limpiar las estructuras gubernamentales es poco lo que se puede hacer. Demanda también aceptar  que los vínculos con el crimen organizado están presentes por igual en los gobiernos de todos los colores partidarios. Hoy, como en el michoacanazo de 2009, se señala a gobernadores, exgobernadores y funcionarios del PRI y del PRD y a alcaldes y legisladores de los tres partidos. Requiere, finalmente, de un pacto entre toda la clase política para que todos ellos sean investigados tanto en sus trayectorias como en el origen y destino de sus recursos económicos. Sin estos tres requisitos de poco servirán las acciones del comisionado, el despliegue de fuerzas, y los recursos destinados al desarrollo económico y social.

No hay señas de que esto esté en los planes del gobierno mexicano. En lugar de la investigación y procesamiento de parte de los aparatos de procuración y justicia de autoridades presuntamente vinculadas al crimen organizado, lo que vemos es a autodefensas destituyendo o desplazando a alcaldes o, en el mejor de los casos, al gobierno federal sustituyendo en sus funciones a las autoridades estatales y locales sin siquiera investigar su historial. Osorio Chong ha dicho que no se ha avanzado en procesos porque no se tienen elementos para hacer acusaciones. La respuesta es simple: no se tendrán si no hay un acuerdo para investigar a todos sin excepción, con indicios o sin ellos.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar