La legalidad

           El que tolera el desorden para evitar la guerra
                tiene primero el desorden y después la guerra.

           Nicolás Maquiavelo

¿Qué es el principio de legalidad? Pues es un principio fundamental en las democracias serias, que establece que las actuaciones del Estado deben darse de conformidad con lo establecido por la ley y no bajo la voluntad personal de los individuos que forman parte del Estado. Es decir, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en preceptos legales existentes, aplicables y vigentes. Estas actuaciones garantizan el funcionamiento constitucional del Estado, en protección de los particulares.

Como abogado, estoy plenamente de acuerdo en que diferentes recursos legales sean interpuestos contra actos que no se apegan al principio de legalidad. Un ejemplo claro es el inicio de obras de infraestructura relevantes sin contar con los permisos y licencias respectivos. El Estado, en general, y el gobierno, en particular, son invenciones del ciudadano para vivir con seguridad y orden. Los Estados de las democracias liberales tienen, además, la condición de que el Estado debe apegarse a la legalidad para garantizar las libertades del individuo; es decir, el Estado puede hacer sólo lo que le está expresamente permitido por la ley, mientras que el individuo puede hacer todo, salvo lo que esté expresamente prohibido por la ley.

Utilizar activamente al Poder Judicial para cuestionar la legalidad de actos gubernamentales en éste o en otros gobiernos es una manera eficaz de mantener vigente la división de poderes. Una sociedad que utiliza los instrumentos legales para protegerse o para forzar que las acciones del gobierno se apeguen a la ley es una sociedad responsable. Apoyemos a quienes han interpuesto recursos legales contra decisiones ilegales que afectan a todos, porque nos están representando a todos. La independencia del Poder Judicial es crucial para una democracia sana y participativa.

La legalidad, además, da certeza a las inversiones. Cuando empresas extranjeras que se han establecido en territorio mexicano ven que hay jueces y tribunales capaces y con incentivos para frenar actos de autoridad gubernamental ilegal se fortalece la certeza en este país como destino de inversiones. Y debo recordarles a algunos que son las inversiones de las empresas las que generan valor y empleo.

Por lo tanto, tratar de enemigo a quienes han iniciado acciones legales es un error político costoso, más cuando es en contra de empresas extranjeras que están depositando su confianza en el país. Por lo tanto, usemos las herramientas que la ley nos otorga para garantizar el principio de legalidad.

Estimado lector, me imagino que usted, como yo, ha notado un incremento sustancial de violencia alrededor de nosotros. El tema está fuera de control, ya sean peleas en la calle, choferes atropellando jóvenes o la propia delincuencia que no tiene ya el menor rubor para asesinar gente relacionada o inocente. Para el gobierno y los gobiernos estatales debería ser una emergencia nacional la aplicación de la ley por medio del uso de la fuerza. No quiero ser pesimista, pero el tema de inmigración va a agravar el problema por dos razones. Porque muchos inmigrantes (alrededor de 140 mil, según algunas estimaciones) que están en espera de su visa estadunidense no tienen de qué vivir, y la impunidad e incapacidad de las policías es un incentivo muy potente.