Golpismos

Las reacciones de dos altos jefes de Morena a las caravanas de automóviles en 40 ciudades y 25 entidades federativas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador son una muestra del talante autoritario de ambos.

Ricardo Monreal, líder del partido en el Senado, amonestó: “Es conveniente, por la salud de la República, alejarnos de la promoción, del patrocinio de asonadas o golpismos antidemocráticos que sólo advierten (sic) odio, que sólo inyectan rencor. El actual Presidente ganó por mayoría de votos, y gobierna con legitimidad democrática… En los peores momentos de persecución política no se doblegó; hoy que está al frente de las instituciones del gobierno, tampoco lo hará, créanme”.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del mismo partido, reaccionó con estas palabras: “En Morena condenamos la actitud golpista promovida por algunos gobiernos estatales y dirigentes políticos de partidos de oposición. Hay un respeto absoluto a la libre manifestación, pero no pueden continuar con discursos de odio ni generar inestabilidad política en el país” (Excélsior, 31 de mayo).

¿Asonadas? ¿Golpismos? No ha habido, ni en las mencionadas caravanas ni en declaraciones de gobernadores o dirigentes de partidos, algún llamamiento a una asonada o a un movimiento golpista, ni la más leve insinuación en ese sentido.

Las manifestaciones de protesta, la crítica a las decisiones y las acciones del gobierno son consustanciales a la democracia. Sin la libertad de manifestarse públicamente, de expresar opiniones adversas al poder público, la democracia simplemente no existe.

Sostener que las expresiones de inconformidad —por cierto, cada vez más extendidas y numerosas— constituyen “promoción” o “patrocinio” de asonadas o golpismo es una maniobra chantajista: si los inconformes siguen haciendo públicas sus objeciones a la política del gobierno, son promotores de asonadas o golpistas. Es, también, una ominosa amenaza, pues la conducta de que se acusa a los descontentos constituye delito que se castiga con prisión. El recurso de señalar que las manifestaciones contra el gobierno son actitudes golpistas ha sido utilizado por el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, para tildarlas de ilegales y dar lugar a la represión.

López Obrador siempre gozó de total libertad para hacer las campañas que finalmente lo condujeron a satisfacer la obsesión de su vida. Como candidato lanzó toda clase de ataques contra los gobiernos de entonces sin que jamás se le molestara por eso. El juicio de procedencia de que fue objeto no se debió a ninguna de sus soflamas como candidato, sino a que, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, violó un amparo. Y en ese juicio fue eximido.

Por otra parte, respecto del odio y el rencor que apuntan Monreal y Ramírez Cuéllar, es el mismo Presidente de la República el que en sus conferencias matutinas ha ofendido a académicos, científicos, escritores, intelectuales, tecnólogos, empresarios, jueces, titulares de órganos constitucionales autónomos, médicos, opositores, periodistas, exservidores públicos, etcétera, generando, él sí, una atmósfera de hostilidad rencorosa o, incluso, de odio, contra los agraviados. Ningún otro Presidente en la historia reciente de México había difamado o calumniado, sin prueba alguna que respalde sus afrentas, a tantos de sus gobernados, muchos de los cuales son mexicanos admirables.

Si algún golpismo ha tenido lugar durante el actual gobierno federal, tal fue el de la oprobiosa imposición de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un golpe bajo a la institución del ombudsman, un fraude sin precedente en el Senado de la República, perpetrado con el mayor cinismo, celebrado por el propio Monreal y aplaudido por el Presidente de la República.

Y los golpes alevosos a la Constitución han sido abundantes: los superdelegados federales, la facultad de privar a una persona de sus bienes por la pura sospecha de procedencia ilícita, la equiparación de delitos fiscales y delincuencia organizada con prisión preventiva forzosa, la militarización de la seguridad pública, la entrega de la educación básica a la mafia sindical, la supresión de las estancias infantiles, la erosión del sistema de salud y la conculcación, por 10 años, de la libertad de trabajo a exservidores públicos, entre otros.