¿Al Ejército la Guardia Nacional?

Una de las grandes diferencias en cuanto a calidad de vida de los habitantes entre nuestro país y los países más civilizados —los de la Unión Europea, Canadá, Japón, por ejemplo— es la tasa de criminalidad. En esas naciones, el homicidio es excepcional, y el secuestro y el pago por derecho de piso son casi inexistentes. Miren, lectores, estas cifras: en la mayoría de esos países se comete un homicidio por cada 100,000 habitantes, mientras aquí, en nuestro país, se registran 28 (digo se registran porque gran cantidad queda fuera de la estadística: abundan en el territorio nacional las fosas clandestinas en las que se inhuma a muchos de los asesinados).

• Entre nosotros, los asesinatos, de tan abundantes, no son noticia destacada. En los países más civilizados, un homicidio doloso es un escándalo. Aquí es lo normal, lo que a casi nadie conmueve, lo que se oye o se lee con indiferencia. En aquellos países se castigan nueve de cada diez homicidios dolosos. Aquí se juzga uno de cada diez; los otros nueve ni siquiera son objeto de un proceso. El Presidente dice que vamos bien en el combate a la criminalidad. ¿Qué siente al decirlo sabiendo que somos uno de los países más violentos y con mayor impunidad del mundo?

La elevada incidencia de homicidios dolosos impunes parece desmentir los avances del proceso civilizatorio. Matar al prójimo es uno de los extremos de la miseria moral, de la deshumanización. Dejar impunes casi todos los asesinatos es el extremo de la dejadez y la inepcia de un Estado incapaz de cumplir con su deber más elemental. Los delincuentes son seres humanos, dice el Presidente. Nadie puede ponerlo en duda. Pero también las víctimas de los delincuentes, los asesinados, los secuestrados, los extorsionados, las mujeres violadas son —eso no suele decirlo el Presidente— seres humanos que tienen derecho a la seguridad.

El decreto que anuncia el Presidente de militarizar totalmente la Guardia Nacional, además de claramente inconstitucional, carecería por completo de utilidad para combatir la delincuencia que aqueja al país. Con la militarización, los elementos de esa Guardia serían exactamente los mismos, con la misma insuficiencia en su preparación, con los mismos recursos materiales, con la misma ineficiencia en sus tareas. Ocho de cada diez elementos de esa corporación son militares.

Lo único que se lograría con esa medida —que iría a contracorriente de lo que ocurre en los países democráticos, en los que la seguridad pública está a cargo de civiles— sería dar mayor poder a las Fuerzas Armadas, a las en este gobierno se han asignado infinidad de funciones que corresponderían a la autoridad civil.

La crisis de seguridad que vive el país no se alivia poniendo a la Guardia Nacional a las órdenes del secretario de la Defensa por varias razones:

• a. El gobierno federal carece de una estrategia para enfrentar el crimen organizado, que ha tomado el control y el dominio de pueblos y ciudades ante la dejadez, la condescendencia y/o el temor de las autoridades civiles. Para recuperar esos espacios se requiere una estrategia inteligente y bien diseñada.

b. La intervención del Ejército en funciones de seguridad pública no ha dado resultados favorables. El Ejército interviene en esas funciones desde el sexenio de Miguel de la Madrid sin que por esa intervención se haya podido abatir a la delincuencia. Los homicidios dolosos cometidos durante los tres años y medio del actual gobierno son más numerosos que los perpetrados en todo el sexenio de Felipe Calderón.

c. El Presidente no ha justificado los porqués y los paraqués de la medida anunciada. Lo que se requiere es la profesionalización a fondo de todas los policías y todos los ministerios públicos del país, que se distinguen por su ineficacia, sus abusos, sus corruptelas y su falta de capacitación, y que han sido dejados en el abandono.