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Justicia climática

Lorena Rivera

Lorena Rivera

Ninguna nación está exenta de los impactos de la crisis climática provocada por las acciones del hombre. Algunos gobiernos y ciertas industrias se niegan o se han estancado en los compromisos de cortar las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras acciones. Las alertas de los científicos están ahí: el planeta se calienta tan rápido que habrá zonas inhabitables en 2100.

El grado de los daños no es ni será igual para todos. Los ricos podrán moverse para evitar mayor perjuicio, pero los pobres lo padecerán aún más, inclusive se convertirán en migrantes climáticos.

Los países pobres son víctimas de los ricos e industrializados, los cuales, durante más de 150 años, explotaron y quemaron combustibles fósiles, convirtiéndose en responsables histórica, legal y moralmente de la crisis climática.

En los pobres y en desarrollo recae el mayor peso de los efectos de la degradación ambiental e inestabilidad climática, lo que abrió la brecha de la desigualdad socioeconómica.

Un desafío es poder establecer la conexión entre el impacto de las injusticias ambiental y climática en el desarrollo de las sociedades.

Comunidades pobres de África, Asia y América Latina han sido asoladas por largas sequías, además de perder sus medios de vida y padecer hambre. Sumado a ello, en sus mujeres y niñas recae la carga económica y son ellas las encargadas de caminar kilómetros y kilómetros para encontrar un pozo de agua.

Un reporte de Naciones Unidas da cuenta de lo anterior. Las mujeres que habitan el llamado Corredor Seco en Centroamérica viajan largas distancias para tratar de conseguir un poco de agua, asimismo, pasan más tiempo en el cuidado de los integrantes de la familia enfermos de zika o dengue debido a que las epidemias se intensifican por la crisis climática. Mientras los hombres han migrado para buscar en Estados Unidos un mejor modo de vida. La inequidad de género limita las capacidades de las mujeres para adaptarse.

Así, gobiernos y sociedades tienen la obligación de poner la justicia climática en el centro, lo cual significa abordar el cambio climático con una visión de equidad y protección de los derechos humanos.

Países europeos ricos, así como Estados Unidos, deben moverse para eliminar los combustibles fósiles entre 2030 y 2050, así como apoyar a los menos favorecidos para lograr la transferencia de tecnología limpia.

Evitar una crisis climática catastrófica requiere de absolutamente todas las voluntades políticas y económicas del planeta.

La justicia climática no deja a nadie atrás, porque exige frenar la explotación de recursos naturales, poner fin a la injusticia racial y la aniquilación de los pueblos indígenas. Éstos representan el 5% de la población global y han sido capaces de proteger alrededor del 80% de la biodiversidad que los rodea.

Los movimientos sociales juveniles que tomaron las calles el año pasado, como el viernes de huelga climática inspirado por Greta Thunberg, y Extinction Rebellion, de Reino Unido, luchan por la justicia climática y que se reconozca que el planeta vive una emergencia.

No en todos los gobiernos nacionales ha habido eco, como en el estadunidense y el brasileño, los cuales son un lastre.

Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, con la cercanía de las próximas elecciones, la candidatura de Joe Biden y el haber elegido como compañera de fórmula a Kamala Harris abrió la puerta del optimismo para la justicia climática, lo cual significaría también una esperanza para el planeta.

La senadora por California y la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez —ambas del Partido Demócrata— presentaron el proyecto de la Ley de Equidad Climática, el cual pone al ambiente y a las comunidades de bajos ingresos, negras y morenas, indígenas y a los jóvenes —que históricamente han exigido justicia— en el centro, es decir, nadie se queda atrás.

Y no es de sorprender que Trump calificara el proyecto de ley como un plan socialista, el cual arruinará la economía.

El propio Biden anunció un plan climático que contempla dos billones de dólares por cuatro años para acelerar la transición energética renovable en sectores clave como transporte, electricidad y construcción; además, contempla un conjunto de propuestas para crear oportunidades para los menos favorecidos y reactivar la economía pospandemia de la covid-19 a la par que se aborda el gran reto de la crisis climática.

Para Biden y Harris es imperante acelerar la reducción de los combustibles fósiles, todo lo contrario a la política negacionista del actual inquilino de la Casa Blanca.

Si esta fórmula resulta triunfadora, los acuerdos y la justicia climática, quizá, se cristalicen para el bien del planeta.

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