Los contratistas consentidos del Presidente

En julio de 2018 el ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana que implementaría durante su gobierno. Los puntos 44 y 45 hacían referencia específica a las compras y contrataciones públicas:

“44. Las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).”

“45. Los contratos de obra de gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.”

Sin embargo, esta semana, la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer “que a diferencia de lo que se había ofrecido, en la presente administración, las prácticas sobre las compras y contrataciones que realiza el gobierno muestran el mismo patrón de comportamiento que en administraciones pasadas.”

Lo anterior, se demuestra al analizar la información de CompraNet, que indica que tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, y en el actual de Andrés Manuel López Obrador, no hay diferencia en la proporción de contratos asignados por las tres vías que establece la ley, a saber: licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa.

De las tres formas, la licitación pública es la más recomendada si de combatir la corrupción se trata, ya que es un proceso abierto a todo el que quiera competir, con reglas claras y transparentes que reduce los márgenes para la discrecionalidad y el intercambio de favores entre servidores públicos y contratistas.

Los otros dos esquemas, por el contrario, amplían dichos márgenes, por eso, si bien la ley los contempla, estos deben de ser usados en casos justificados excepcionales, y no convertirse en la regla.

El gobierno anterior fue cuestionado por el uso excesivo de la adjudicación directa. Se hablaba de “los contratistas consentidos del Presidente”, como el famoso Grupo Higa, que incluso financió la llamada Casa Blanca del matrimonio Peña-Rivera, dando pie al escándalo más emblemático del sexenio, y a la principal bandera de Morena: el combate a la corrupción.

Sin embargo, a cuatro meses de haber iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador, las promesas anticorrupción anunciadas en julio del año pasado, son letra muerta, ya que el porcentaje de contratos que se han asignado por la vía de adjudicación directa es del 74.3 por ciento.

Llaman la atención los casos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que es, ni más ni menos, la responsable de la implementación de las políticas anticorrupción al interior del gobierno, y que el 100 por ciento de sus contratos han sido asignados, precisamente, por adjudicación directa, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que bajo el mismo esquema, recontrató a la misma empresa que emitió los pasaportes durante el sexenio peñista.

El gobierno debe explicar su actuación y corregir, o se inaugurará la lista de los nuevos contratistas consentidos del Presidente.