¿A dónde vamos?

Lo que aprobaron y firmaron los señores Freeland, Lighthizer y Seade, en presencia del Presidente de México, es un “protocolo” que comprende las cuatro cartas que se anexan al tratado, llamado T-MEC, que fue firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires por los ejecutivos de los tres países minutos antes del término del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es importante notar que sólo el Senado de México ha ratificado el nuevo tratado que sustituirá el TLCAN. Las ratificaciones formales de Estados Unidos y Canadá aún faltan.

Al pasarse el nuevo tratado a las dos legislaturas pendientes, en la de Estados Unidos surgió la propuesta de adicionar cartas sobre el tema laboral, al lado del ecológico y otros. Esas cartas, particularmente la de asuntos laborales, fueron objeto de negociaciones de última hora. El sector empresarial se opuso, en el Cuarto de Junto, a la designación de agentes en cada empresa para monitorear las condiciones en que se articulaban los intereses sindicales. Presentó sus propias propuestas, que no fueron aceptadas. Asimismo, los empresarios se opusieron a la posición del gobierno, cuyo texto no conocieron y que fue el firmado en Palacio Nacional.

Vistas las serias complicaciones en el escenario político norteamericano se festinó la aprobación de dichas cartas, con la de asuntos laborales, que contiene disposiciones todavía muy controvertidas.

En ella, México se alinea a los esquemas laborales de los Estados Unidos, regula lo referente a la democracia sindical y sujeta a castigos, incluso de carácter arancelario, a la empresa mexicana a que un “panel” decida acusarla de no respetar los lineamientos del Convenio 169 de la OIT. Esta cuestión contiene aspectos jurídicos que auguran futuros conflictos judiciales.

No se está en contra de la coordinación entre México y Estados Unidos puesto que, al compartir el continente norteamericano, es perfectamente lógico que haya similitud en las circunstancias que propicien mejoras en las condiciones y nivel de vida y movilidad de los trabajadores en los tres países socios.

Lo que no es válido ni tolerable es introducir cuestiones que atañen a las delicadas relaciones obrero-patronales o a asuntos que tocan el régimen interno de un sindicato, elementos enteramente ajenos a la problemática laboral como los de carácter arancelario, que son netamente de comercio exterior.

Además de ilógico, la disposición es dañina. En los momentos actuales en que los esfuerzos por consolidar nuestra estructura industrial y con ello aumentar la producción de artículos para la demanda interna y para las exportaciones, plantear en los delicados equilibrios sindicales y relaciones obrero-patronales que la solución a que lleguen los instrumentos previstos en el T-MEC pueda detonar la imposición de aranceles o cualquier otro elemento que afecte adversamente nuestro comercio exterior, introduce una peligrosa posibilidad desestabilizadora. Nuevamente, es el caso de las amenazas arancelarias que en su momento, Trump mezcló con asuntos migratorios.

El empeño de algunos sectores en Estados Unidos por uniformar condiciones laborales en los dos países contiguos ya tocó el tema de salarios mínimos, y ciertas áreas de la fabricación de vehículos y lo referente al contenido nacional o regional de los productos que se intercambian los socios del nuevo TLCAN.

Según lo que se va sabiendo, el T-MEC, cuyos términos no han sido plenamente divulgados, dicta sus criterios dirigidos a homologar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos con los norteamericanos. Este propósito se ajusta a la visión de Estados Unidos, que mira a la consolidación de una alianza continental norteamericana. La fuerza económica y el peso político son sólo una parte del gran esquema. No sólo lo estamos presenciando: lo que está sucediendo corresponde a los propósitos hegemónicos de nuestro vecino que, paso a paso, caso por caso, va incorporando a México a su ambicioso plan mundial. 

En todo esto, el presidente López Obrador debe saber que el piso está minado. ¿A dónde vamos?