El fin llegará

En un futuro no muy lejano, la pandemia será un amargo recuerdo que alimentará un memorial dedicado a los caídos y aportará el suficiente bronce para erigir alguna escultura dedicada a los héroes anónimos. Ojalá eso suceda en el Paseo de la Reforma. Mientras tanto, el corazón del populacho –tal como lo veía Monsiváis– dedicará su energía y sus datos móviles a criticar y parodiar las consecuencias de un país que no pudo confinarse.

La experiencia bien podría ilustrar un díptico similar al Carnaval de la vida mexicana, de Diego Rivera, donde un primer cuadro registraría la imagen de una calaca exhausta, con ojeras pronunciadas, tumbada sobre un cementerio, donde tibia y falanges se enredan en miles de cubrebocas desechados. Es la muerte que, por primera vez en este siglo, olvidó el placer de su oficio frente a la monotonía.

Lo que ese personaje sombrío no comprenderá será el significado de la segunda escena, donde cientos de personas protestan afuera del Palacio de Bellas Artes para exigir su reinstalación en las instituciones del sector cultural.

Y tampoco entenderá por qué en aquella obra, pintada por un artista aún desconocido, representarán a Alejandra Frausto, Diego Prieto y Lucina Jiménez como tres enormes cabezas de espantapájaros, con ojos vendados y sentados sobre edificios hechos de hueso y ceniza, quienes preguntan a coro “¿Por qué?”.

Lo que esos funcionarios nunca entendieron es que cuando improvisan “programas prioritarios” sobre una estructura laboral arcaica, su ejecución depende del esfuerzo del capital humano, pero al reducir su presupuesto asfixian la operación y la inconformidad brota por todas partes, tal como sucede en el programa Cultura Comunitaria, en la Fonoteca Nacional y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancias clave que, en un futuro no muy lejano, podrían colapsar. ¿O ya lo están haciendo?

Un ejemplo: ayer, en pleno semáforo rojo, trabajadores del INAH que antes eran contratados por capítulo 3000 –que representan a decenas de arqueólogos, restauradores, arquitectos, dibujantes, etnohistoriadores, geólogos, historiadores, docentes, bibliotecologos, profesores, biólogos, lingüistas y etnólogos– se reunieron afuera del Palacio de Bellas Artes para suscribir una carta que llevaron a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la que piden el pago inmediato de adeudos ¿otra vez?, así como detener los despidos de trabajadores que cuentan con una a tres décadas de experiencia.

Además, solicitan que se reinstale a los trabajadores cesados, que se respeten los derechos laborales de los trabajadores no basificados, así como erradicar la violencia laboral y de género.

Horas después, los trabajadores de la Fonoteca Nacional –que suman 25 días sin obtener su recontratación– emitieron un comunicado en el que lamentaron que las autoridades de la SC realicen una campaña de desinformación en torno a la operación de la instancia e insistieron en que el recorte de trabajadores sí “ralentiza las actividades”. Lo único que sabemos es que el próximo lunes volverán a reunirse, pero aún se desconoce cuál será el desenlace.

Esto, sin contar las denuncias que ya corren en torno al programa Cultura Comunitaria, dirigido por Esther Hernández, anunciado desde 2019 como uno de los emblemas de la SC.

Es extraño que este panorama no preocupe a las autoridades culturales, quienes pretenden adelgazar la nómina y los presupuestos. Todo en nombre de la pandemia y la austeridad. ¿Será que estos funcionarios observan a sus trabajadores como piezas de ajedrez que deben sacrificarse en favor de una transformación que sólo ellos conocen?

En un futuro no muy lejano, la pandemia terminará y entonces será imposible ocultar la realidad.