Precisiones

La magistrada Celia Marín Sasaki fue procuradora de la Defensa del Menor, directora del Centro de Readaptación Social y presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores. La magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez, quien fuera Juez 52 Civil, tiene quejas por nepotismo, pues tiene familiares contratados en la sala 5 civil donde labora.

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien logró notoriedad al llevar el asunto de la discoteca News Divine, donde los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. El magistrado Manuel Díaz Infante, con una larga trayectoria política, que empezó con la secretaría particular adjunta del presidente Miguel de la Madrid, al lado de Emilio Gamboa Patrón, su paso como líder de la CNOP de la CDMX lo llevó a ser delegado de Álvaro Obregón al lado del controvertido Óscar Espinosa Villarreal.

Por último, Álvaro Augusto Pérez Juárez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien interinamente fue designado por el pleno de magistrados para suplir a su antecesor, Edgar Elías Azar, quien se retiró para realizar tareas diplomáticas en el exterior del país. Pérez Juárez, con una amplia experiencia académica y laboral, catedrático de diversas universidades, como la UNAM y la Autónoma del Estado de México, se doctoró en derecho civil en la de Barcelona, su paso como funcionario de carrera en el Poder Judicial, secretario proyectista, Juez Quinto de Arrendamiento Inmobiliario, juez Vigésimo Cuarto Civil y Magistrado de la Octava Sala Civil, todas experiencias que le han ayudado a realizar un trabajo serio y responsable en estos meses como titular interino del Poder Judicial de la CDMX, y que le dan la posibilidad real de seguir con esta encomienda.

Por lo pronto, acaba de inaugurar un nuevo edificio de la Ciudad Judicial que le da decoro y dignidad a los integrantes del Cuerpo Colegiado de la CDMX (jueces y magistrados) para que realicen su tarea de impartir justicia pronta y expedita, ahora sí y gracias al nuevo modelo de oralidad en los juicios en materia civil, penal, familiar, etcétera.

El asunto es que sorprende que algunos de los que fueron diputados constituyentes pretenden torcer la interpretación de la Constitución de la CDMX, en sus artículos transitorios que ellos mismos votaron, para impedir que el pleno de magistrados del Tribunal decida conforme a derecho quién presidirá el próximo trienio.

Resulta que, de acuerdo con la ley aplicable, es el pleno el que elige a su presidente, ningún factor de índole política o jurídica debe incidir en dicha elección, pues esto vulneraría la independencia del Poder Judicial. Recordemos el principio de la división del poder: los tres son iguales horizontalmente, pero con funciones diferentes.

Así, serán los 79 magistrados integrados en un “pleno” quienes decidirán, mediante escrutinio secreto, a su nuevo titular en estricta observancia a las leyes vigentes, pues la Constitución en su artículo tercero transitorio señala “la presente ley entrará en vigor el 1º de julio de 2019”, con excepción a los relativos al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura que iniciaron su vigencia el 1º de octubre de 2018.

En consecuencia, los ordenamientos aplicables a la CDMX vigentes, regirán hasta en tanto no entren en vigor los que los sustituyan, más claro, ni el agua ¿O no, estimado lector?