Educación y ciencia: realidades y retos

En la tarea educativa se plasma la amplia gama de conocimiento histórico que ha sido reunido por el esfuerzo de educadores e investigadores comprometidos con la producción de conocimiento. La educación se beneficia de la producción científica y esta tiene en la educación su espacio natural de reproducción, de diseminación. En 1952, México fundó lo que conocemos como Ciudad Universitaria, perteneciente a la UNAM y con ello, los principios de lo que vendría a ser una política educativa superior, pública y de calidad, y comprometida con la docencia, la investigación y la divulgación. Y, sobre todo, al servicio de la nación. Esto debe de continuar y nunca detenerse, toda vez que la educación y la ciencia son el fundamento del desarrollo de toda sociedad, tanto en el ámbito de lo humano como de lo económico y social. Son puntales para el desarrollo y consolidación de una cultura científica y educativa, que son componentes de la cultura cívica de la nación. La universidad como cualquier institución científica es, pues, el motor del progreso de todo país.

La política científica se inspira en las diversas necesidades que el país tiene, por explorar y develar lo que no existe en apariencia y de esto, todo lo concerniente a lo desconocido estratégico para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto de nación. Y de este esquema no hay tema que puedan ser excluidos, desde los derechos humanos, cambio climático, la comercialización de alimentos genéticamente modificados hasta la seguridad global integral o las migraciones, entre las muchas temáticas de urgente atención científica. Además de la profunda trascendencia que la producción científica tiene en sí para robustecer la sabiduría de la nación en los muchos temas y áreas de conocimiento nacional y universal que le son caras, esta no debe de dejar espacios de la realidad nacional al margen de este empeño a fin de presentar una agenda de innovación científica y tecnológica. Es por ello que la realidad nacional es la que define en gran medida las necesidades y modalidades de la práctica científica. La universidad pública y no menos la privada deben comprometerse, desde sus respectivas trincheras, a incrementar los esfuerzos a fin de lograr las metas que en un plan de desarrollo científico coherente y de largo aliento se establezcan.

Las relaciones que se den entre el Estado y la ciencia deben de ser el fundamento práctico y sistemático para encauzar los propósitos de la práctica científica. En la larga historia de la ciencia en México, que nos documentan, entre otros, Elías Trabulse (Historia de la ciencia en México) y Ruy Pérez Tamayo (El Estado y la ciencia en México), apreciamos los altibajos que esta relación ha tenido, en parte por falta de coordinación, pero, principalmente, por la falta de atención puntual que tanto la ciencia pura como la aplicada debieron de haber tenido a través de las décadas y deben de tener en el presente inmediato, tanto por el Estado como por los actores económicos que se benefician del capital humano y del conocimiento que el Estado les ha proveído históricamente en forma gratuita para beneficio de la prosperidad de sus empresas.

Esta suerte de subsidio estatal ha ido atenuándose en la medida en que se ha vinculado al sector empresarial en las iniciativas compartidas con el Estado, todo lo cual no debe de terminar, sino tiene que continuar, tal y como lo hacen en muchos países del mundo que han apostado por producir también ciencia para el desarrollo; se me ocurre ahora mismo el caso de la Fundación Alemana para la investigación Científica (DFG) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por siglas en alemán), los cuales han suscrito convenios de inversión conjunta muy exitosos con el sector productivo, que se han traducido en la consolidación de infraestructura humana y tecnológica que eventualmente han repercutido en el crecimiento económico y en la posterior derrama de recursos en el sector científico. Este es un círculo virtuoso que no se debe de perder, a fin de lograr incrementar al menos a uno por ciento la inversión como porcentaje del PIB en ciencia y tecnología.

Así, el futuro de la práctica científica ya no puede depender del voluntarismo estatal o de la deliberada indiferencia de este y del sector productivo. Y sobre esto está pendiente un debate y consulta muy amplias entre la comunidad científica del país que sexenalmente ve con incertidumbre qué tanto se afectará para mal el rubro de los recursos estatales y mixtos para ciencia y educación.