PRI, contra la pared

El PRI enfrenta los tiempos más difíciles de su historia con el regreso a la oposición tras la catástrofe electoral de 2018 y su último jefe máximo, Enrique Peña Nieto, con posibilidad de ser investigado por corrupción al igual que media docena de altos funcionarios y gobernadores de su sexenio. Está contra la pared, sin liderazgos y acorralado entre el temor a los expedientes de la 4T y el sangrado de militantes que lo reduzca a una fuerza regional sin signos vitales para la recuperación.

Si en el 2000 la pregunta era sobre su futuro lejos de la presidencia, la de ahora no es tan diferente: ¿cómo sobrevivir? El diagnóstico de la derrota en las urnas fue dar la espalda a las bases y perderse en la negociación cupular. Pero su respuesta para recuperar contacto con la militancia naufraga entre descalificaciones de su elección interna, como dejó en claro la renuncia del exrector de la UNAM, José Narro, a participar en la contienda con denuncias de vicios en el proceso y de intervención del gobierno de López Obrador. Y no es sólo que el PRI no pueda con la democracia interna como, en efecto, ha probado en otros intentos fracasados, pero aún parece contra su naturaleza afectar intereses y entender la política como algo más que alianzas estratégicas con el poder. El PRI ya no sabe vivir fuera del statu quo, la simulación y el acarreo, aunque haya sido una de las razones del puntapié que lo sacó del poder.

De las primeras preguntas que el exgobernador de Campeche Alejandro Moreno habría hecho al presidente López Obrador tras la elección fue si estaría interesado en la desaparición del PRI. A juzgar por su decisión de ir por la dirigencia, la respuesta fue alentadora. Los gobernadores priistas alrededor de Moreno asumen una estrategia de control de daños por las cuentas de corrupción del pasado y adaptación a los nuevos tiempos de la 4T, en espera de espacios que deje Morena por el desgaste del ejercicio del poder. Los gobernadores aspiran a reeditar la estrategia de 2012 de repliegue en sus feudos y articulación de una candidatura lejos de grupos derrotados del Edomex e Hidalgo en la elección pasada.

La democracia interna también fue una respuesta a la división, que ahora vuelve a acentuarse con la integración más que irregular de un padrón inflado en estados que apoyan a Moreno (unos 600,000 militantes de más cuando la dirigencia se puede ganar con 700,000 votos). Los gobernadores no quieren correr riesgos, especialmente los que serán más favorecidos por López Obrador y su política de rescatar los estados atrasados del sureste con proyectos de infraestructura. Ahí ven una ventana de oportunidad para la reagrupación del poder en torno al exgobernador de Campeche, que se asumen como priistas de cepa sin el lastre del “nuevo PRI” que encabezó Peña Nieto y sucumbió en escándalos de corrupción. Y sobre todo que parecen contar con el beneplácito del poder presidencial.

¿Es el destino del PRI ocupar el sitio de los partidos satélites que antes cobijó? El proceso interno aún puede abrir nuevos frentes con el reagrupamiento en torno a una candidatura que plante cara a Moreno y recoja la inconformidad de la militancia, a riesgo de saldarse en nuevas deserciones si fracasa. También incorporar en sus cálculos la redefinición del sistema de partidos y la multiplicidad de opciones con que Morena puede aliarse a parte de ellos.

Dentro del PRI unos y otros creen que si antes pudieron adaptarse y pactar con el PAN, ahora será más fácil una alianza con Morena por sus señales de identidad política. Su fuerza, sin embargo, es menor al pasado con una minoría exigua en el Congreso y la mitad de los gobernadores que tenían en 2000. Y todavía les queda por ver el daño del vendaval de escándalos de corrupción que mantienen a gobernadores fugados, funcionarios como Lozoya desaparecidos y un expresidente que puede ser el primero en ser juzgado por su sucesor si no alcanza el pacto de impunidad que trajo la tercera alternancia.