La tragedia del Metro revuelve a la 4T

“No es accidente, fue el Estado”, decía el reclamo de la calle en la protesta de jóvenes por los responsables del colapso de una obra envuelta, desde el principio, en problemas de diseño, planeación, ejecución y mantenimiento de tres administraciones. Evidentemente, el desgaste, sin llegar a 10 años de vida, no sirve para justificar el accidente, que pudo evitarse. Un peritaje deberá permitir identificar sus causas como condición necesaria, pero no suficiente, para deslindar responsabilidades. Éstas apuntan a los gobiernos de izquierda del PRD y de Morena en la capital, las constructoras de la obra (Alstom, ICA y Carso) y a dos de las figuras más visibles para la sucesión de 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sin poder volver la cara al adversario para embestirlo, la factura revuelve la escena política oficial en espera del giro y el manejo de los resultados de la investigación.

López Obrador tiene enfrente una cirugía de control de daño, como las que se aplican a politraumatismos graves, y que puede dejar profundas huellas en un proyecto que se legitima en la denuncia de la omisión, negligencia y corrupción de gobiernos anteriores. En su primera reacción ofreció una investigación e ir a fondo “sin miramiento” contra los culpables, pero los trazos del bisturí para conocer la verdad todavía no se detallan en la estrategia. Llevó, eso sí, a Ebrard y a Sheinbaum a comparecer a la mañanera horas después del accidente como señal de que desde sus filas darán la cara a la gente, aunque no signifique que la culpabilidad administrativa o penal llegue a alcanzar a las máximas esferas.

La historia de la Línea 12 es un proceso accidentado de decisiones políticas y administrativas desde su anuncio, en 2007, hasta su cierre, en 2017, y reapertura. Si la investigación va al origen, deberá esclarecer los problemas de planeación, por ejemplo, del trazado del elevado sobre una ruta vieja y sinuosa, que obligó a reducir los estándares de seguridad de las curvas; el sobrecosto por expropiaciones atribuido a la conflictividad social; el cambio de especificaciones técnicas de las trabes de concreto de los puentes que Carso decidió construir de acero, así como las advertencias desoídas sobre mantenimiento. Todo esto aplica al gobierno de Ebrard y las constructoras hasta la apertura de la obra en 2012.

La investigación también puede orientarse a la administración de su sucesor, Mancera, que permitiría a la 4T señalar al PRD y cuidar a sus gobiernos. De ésta se señalan dos años sin mantenimiento e ignorar informes de riesgo después de los sismos de 2017 en que resultó dañada. Pero, incluso, si el control se cargara hacia su antecesor, Sheinbaum tendrá dificultades de escurrir el bulto ante las mismas fallas en sus dos años de gobierno. También se le reclaman errores en la evaluación de riesgos y falta de mantenimiento como consecuencia de la política de austeridad del gobierno de López Obrador.

De los resultados del peritaje, el más grave para la 4T sería cargar con la responsabilidad de la austeridad en la tragedia. Es un obús en el corazón de su proyecto, aunque reduciría el peso de la acusación contra los empresarios. La importancia de la zona política afectada por la tragedia quizá ayuda a explicar la decisión del Presidente de apoyar la iniciativa de Sheinbaum de contratar un peritaje externo y poner en sus manos la investigación, a pesar de estar en el centro de los señalamientos. Sin embargo, parece haber sido elegida como parte de la estrategia del control de daños como la que mejor cuidará a la 4T de la factura de la tragedia, algo que seguramente inquieta a Ebrard, aunque diga que nada tiene que temer.