Empleo ¿sexenio perdido?

El gobierno de López Obrador entra al rubicón de la crisis en ruta de colisión con los empresarios. La doble amenaza sanitaria y económica le sirve para acelerar el paso del modelo político y económico con decisiones que trazan un derrotero, aunque nadie sepa qué hacer para evitar un sexenio perdido. Su “plan” es un desafío a la realidad, pero sólo sigue sus ideas apoyado en un mando fuerte, y en su caso, el respaldo castrense para controlar el riesgo social antes que repartir los costos en un plan emergente.

Si hubiera que interpretar el mensaje del “Informe Trimestral” del pasado domingo, diría que el Presidente, entre sus ideas y la realidad, opta por las primeras. Desdeñó convocar un amplio acuerdo nacional contra la recesión y prefirió rebajarla a una perturbación “transitoria”. Toda crisis lo es, pero las políticas que se sigan hacen más o menos duraderos sus efectos. Enseguida, por decreto, aseguró el suministro de cemento, vidrio y acero para sus proyectos estratégicos de Dos Bocas, Tren Maya, Transístmico, aeropuerto y contratos con Pemex y CFE, aunque sean empresas con actividad mínima en el periodo extraordinario de la emergencia.

Su mensaje fue claro en colocar, primero, la ayuda a los pobres y el compromiso de la creación de 2 millones de empleos, pero sin plan de vuelo para asegurarlo, más que la amenaza de sancionar a las empresas por despidos o recorte de salarios. Aunque el desempleo resume la emergencia, sus decisiones ilustran sus prioridades por encima de la contingencia o cambios en la ruta de lo que descalifica como “neoliberalismo”, aunque sus medidas correspondan a esa ortodoxia. Desde que llegó a la presidencia, su proyecto descansa en resucitar el poder del viejo presidencialismo y reconstruir empresas públicas como Pemex y CFE para recuperar presencia del Estado en la economía. A estas las garantiza con el poder de su firma, mientras deja al grueso de la planta productiva sin apoyos para proteger el empleo, con el argumento de evitar corrupción en rescates como el Fobaproa. Es cierto, pero también un reduccionismo.

López Obrador pretende seguir adelante sin aceptar que la emergencia modifica el escenario y condiciones de viabilidad de su proyecto ante el impacto de la peor crisis de empleo desde la Segunda Guerra Mundial. Quisiera aislarlo de la existencia real y efectiva de la depresión mundial y local. Por eso su distancia con la pandemia, como si silenciarla desactivara la amenaza, o diagnosticar la recesión como pasajera para descartar cambios en la fórmula de la “austeridad” en el gasto público, para proteger los empleos de los que tan sólo en dos semanas se perdieron 346 mil en marzo.

La liga comienza a romperse porque sus medidas adolecen de efectividad y valor práctico. La cúpula empresarial acusa portazo a sus propuestas, a pesar del riesgo de confrontar con la representación del 86% de la inversión en el país. A cambio de pedir su apoyo, amenaza con proceder legalmente contra el impago de impuestos, dado que su plan de reactivación descansa en la recaudación fiscal ante la caída del petróleo, el comercio y las remesas. Aunque coinciden en mantener el empleo, se abre un abismo entre ellos sin un acuerdo nacional para repartir los costos de la crisis. ¿Quién puede y debe pagar?

Detrás de ese choque, lo que hay es un mando cerrado y el respaldo castrense en que confía mantener el control de la pandemia y los efectos sociales por la crisis de empleo. A diferencia del anuncio de planes contra el coronavirus, fue el Presidente quien informó del Plan DN-III para enfrentar la emergencia sanitaria y la entrega a los militares de la coordinación de la crisis como último reducto en caso del colapso de ese sector. Aunque hasta ahora rechaza estados de excepción para cumplir con el confinamiento, los mecanismos para llevarlo a cabo parecen estar más listos que los recursos humanos y equipo de salud para enfrentar la pandemia. Lo veremos en la fase tres.