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Cruje relación gobierno-empresarios

José Buendía Hegewisch

José Buendía Hegewisch

Número cero

La relación del gobierno de López Obrador con las cúpulas empresariales cruje a cada paso como la suspensión de un auto desvencijado. Las partes que estaban y debían estar unidas se mueven flojas, desconcertadas y se miran con desconfianza, aunque, en público, expresen mutuos compromisos. Su conexión es distinta que con anteriores gobiernos sin encontrar los términos de entendimiento y nuevas las reglas de juego con las formas del mando fuerte del actual poder presidencial.

Los desencuentros entre el poder político y económico son peligrosos históricamente para el país. La confrontación ha derivado en crisis del peso, fuga de capital y caída de inversión desde los 70 con Echeverría y luego la nacionalización de la banca de López Portillo, que arrastraron a la economía tanto como a sus gobiernos. Peor si el presidente López Obrador llegó con la oposición de un sector de empresarios que desde hace dos sexenios trabajó activamente contra su triunfo; ése que él ha expuesto al denuesto de la “mafia del poder” en sus campañas electorales.

El último episodio de desconcierto ocurre en el corazón de la Reforma Energética, con la cancelación de nuevas rondas petroleras para octubre hasta haber resultados de los contratos otorgados, el mismo día que el gobierno acordó con los hombres de negocios inversiones por 32 mil millones de dólares en el país. El convenio incluye un llamado a invertir a compañías con contratos en Pemex, a los que López Obrador reclama cumplir compromisos con la Reforma Energética. La cúpula empresarial se dijo sorprendida con el anuncio, incluso incluyó en el asombro al artífice del acuerdo y jefe de la oficina presidencial, Poncho Romo.

El acomodo, evidentemente, ha sido mucho más difícil que con anteriores gobiernos, al menos de grupos que recibieron tratos preferenciales, a través de proyectos públicos o condonación de adeudos fiscales. El gobierno, sin embargo, tiene poco margen de maniobra para rescatar a Pemex y otras obras de infraestructura con recursos propios en tiempos de austeridad y recorte del gasto de la 4T, aunque a su interior prevalecen diferencias entre quienes favorecen la inversión privada, como Romo, y otros que rechazan depender de ella. Un debate crucial para el resultado de la 4T y el magro crecimiento del país.

Las muestras de colaboración pública esconden, en privado, incertidumbre y desconfianza. El gobierno ofrece un modelo de “capital semilla” de inversión pública que se complete con privada, pero sin suficientes señales para revertir la caída de la inversión, que suma a una desaceleración de 0.2% de la economía en el primer trimestre del año. A su vez, los empresarios reclaman mayor apertura a la inversión, pero, en los hechos, se retraen o combaten decisiones como el aeropuerto en Santa Lucía. Objetan falta de transparencia, adjudicación opaca e incertidumbre de políticas gubernamentales.

La cancelación del NAIM fue un mensaje de afirmación de poder presidencial y cambio de las reglas de juego con los empresarios, un hito del estado de desconfianza de la relación, pero no la única confrontación. Un colectivo de organizaciones y la Coparmex, #Niunderrochemas, ha conseguido bloquear con amparos Santa Lucía y preservar el NAIM de Texcoco. Para López Obrador es la estrategia legal de grupos que defienden intereses alrededor de las obras y amenaza con revelar sus identidades, en otro potencial desencuentro tras revelar una lista de empresas beneficiadas con millonarios créditos fiscales por anteriores gobiernos del PRI y del PAN.

Las virtudes públicas y los vicios de la batalla privada involucran ahora a los tribunales y podría derivar en confrontación con los jueces, que tendrán la última palabra sobre obras emblemáticas del gobierno, como el aeropuerto o la refinería de Dos Bocas. También podría ser la oportunidad para que, como dice el argot de abogados, las partes comprendan que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, sobre todo cuando se ciernen amenazas externas por la degradación de la calificación de la deuda y la desaceleración de la economía mundial.

 

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