Aborto prueba nuevo gobierno

La agenda progresista de derechos como el aborto está llamada a ser una prueba desafiante para la promesa de una República moderna del próximo gobierno. Su mayoría en el Congreso y en más de la mitad de legislaturas locales le permitiría empujar la despenalización de la interrupción del embarazo en todo el país, pero en los estados avanza una contrarreforma por mantener la prohibición bajo toda circunstancia, incluso violación. A la primera alternancia democrática por la izquierda le será difícil evadir el tema y menos aun llevarlo a consulta ante la “ola verde” del movimiento de mujeres que reclama que la Cuarta Transformación pase por dejar de criminalizar la práctica.

El último estado en sumarse a la corriente “antiabortista” es Sinaloa, que el pasado 30 de septiembre sorprendió con la aprobación en su Congreso de una reforma a la constitución local para prohibir el aborto desde la concepción, aun en casos de violación o riesgos para la vida de la madre.

La votación fast track y sin discusión pública elevó la confrontación con grupos feministas que protestaron en la comisión estatal del PAN con mensajes y pintas de huellas ensangrentadas en su edificio en rechazo a la ley que convierte a la entidad en la 18 en penalizarlo hasta con tres años de cárcel en el país.

En los próximos días, la reforma será publicada salvo que hubiera un voto en contra de los municipios, como establece la Constitución local, pero no cerrará una discusión que va en aumento, como muestra la reciente movilización en la Ciudad de México de mujeres para exigir la despenalización en el país y el compromiso de Morena de impulsarlo desde el Congreso federal para evitar que siga como práctica clandestina.

En efecto, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada de Morena Miroslava Sánchez Galván, prometió una iniciativa para la despenalización del aborto en todo el país, una vez que el PES tuvo que dejar el espacio por la presión de legisladores que se oponían a que la encabezara por sus posiciones conservadoras y cercanas a grupos religiosos evangélicos prohibicionistas. Con ello, el camino parece despejado en el Congreso y 19 legislaturas estatales para sacar una reforma constitucional, aunque se trata de un tema que el Presidente electo ha preferido mantener en el desván y evadir compromisos públicos.

El aborto es un asunto socialmente divisivo y susceptible de polarizar a la opinión pública, con particular potencial de conflicto en los estados donde ha avanzado desde 2010 una contrarreforma a la ley de Interrupción del Embarazo de la Ciudad de México.

Se trata de un tema que recorre varios países de América Latina, como muestra su reciente discusión legislativa en Argentina, pero aparcado en México, precisamente, por el desgaste político que supone revertir el rechazo en 18 constituciones locales, aunque ahora Morena tenga la mayoría de ellas.

La ruta a seguir deberá hacerse cargo del contexto restrictivo en los estados y poco clara voluntad política del próximo gobierno. La estrategia podría ser una reforma constitucional que Morena garantizara en las legislaturas locales, aunque tendría que superar las diferencias a su interior del movimiento en los estados.

También cabría impulsarlo vía el proyecto de elaborar un Código Penal único para todo el país, que actualmente se discute, o bien, el camino largo de reformas la Ley Federal de Salud y al Código Penal que se repliquen en las mismas reformas a nivel de los estados.

De otro lado, el ritmo lo marcará no sólo los tiempos legislativos o políticos del próximo gobierno, sino también la intensificación de la presión por parte de los grupos de feministas ante las crecientes denuncias de mujeres por abortar y que en 10 años han llevado a 136 a prisión.